Una vez más, un escándalo vuelve a hacer evidente la inviabilidad del de . Y una vez más, lo ocurrido es lo suficientemente grave y descarado como para que muchos estén seguros de que este es, ahora sí, el principio del fin de una administración que nunca se interesó por la gestión pública, pero sí por salvarse el pescuezo y por darle trabajo a allegados prontuariados e incompetentes.

El despido de Mariano González, con solo 15 días en el cargo de ministro del Interior, ha sido el colmo de la contumacia. Hay que tener una tremenda cara de piedra para deshacerse tan rápido de un funcionario que hizo esfuerzos por facilitar las investigaciones en tu contra. El mensaje es claro: tengo mucho que ocultar y haré de todo para ocultarlo.

Pero, más que el mensaje ‘per se’, en esta columna nos llama la atención que el Ejecutivo haya tenido el tupé de emitirlo. Claro, siempre es posible que estemos ante un animal acorralado dando zarpazos sin pensarlo mucho, pero no podemos descartar que lo que ocurre con el presidente sea todo lo contrario: Pedro Castillo se siente seguro.

¿Y podríamos culparlo? El mandatario ha hecho de las suyas desde el primer día de su gobierno y, salvo por la censura de algunos de sus ministros, ha salido indemne. Ha sobrevivido a haber colocado a apologistas del terrorismo en su Gabinete, a sus visitas clandestinas a la casa de Sarratea, a denuncias de interferencia en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas, al hallazgo de US$20.000 en efectivo en la oficina de su secretario general, a la fuga de tres de sus más cercanos colaboradores, a los testimonios de Karelim López y Zamir Villaverde que lo sindican como la cabeza de una organización criminal, a haber impuesto un toque de queda autoritario e inconstitucional y, así, un prolongado etcétera.

Todos estos episodios han merecido indignación ciudadana y comprensibles augurios de un final anticipado para esta gestión. El presidente, en fin, acumula ‘watergates’ como figuritas en un álbum mundialista y mientras él no tiene la armazón moral ni la dignidad para renunciar, sus oponentes no tienen los votos ni la pericia política para sacarlo del cargo. Y gracias a todo esto, Castillo cumplirá un año como jefe del Estado en apenas seis días.

Sorprende que un país que ha tenido cinco presidentes en los últimos seis años, en gran medida por la ligereza con la que ha puesto en práctica los mecanismos democráticos para removerlos, no pueda deshacerse de uno de los peores que ha tenido en su historia. ¿Por qué el tipo de presión política que devino la renuncia de PPK no ha sofocado a Castillo? ¿Por qué este Congreso no demuestra el ímpetu con el que el anterior vacó a Martín Vizcarra? ¿Por qué las calles aún no se llenan por días para que, como ocurrió con Manuel Merino, Pedro Castillo tenga que renunciar con el rabo entre las patas?

Este Gobierno ha instalado una costumbre en la que se mueve con una comodidad grosera. Y, a su vez, la oposición ha demostrado una incompetencia vergonzosa para desacomodar al Ejecutivo. No solo porque no ha sabido mover sus fichas políticas para conseguir votos para la vacancia, sino también porque no ha logrado hacerse de las simpatías ciudadanas para movilizar a ese 74% (El Comercio-Ipsos) que desaprueba a Castillo. Sin mencionar que no está dispuesta a gatillar un adelanto de elecciones para que se vayan todos y extirpar el tumor que palpita en Palacio.

Así las cosas, estamos una vez más frente al principio del fin de Castillo. Pero a este paso estaremos en esas hasta el 2026.

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