Respetar consideraciones ambientales nos importa y cada vez más. Las discusiones y hallazgos sobre los efectos del recalentamiento global han despertado un interés cada vez mayor. Más allá de los consensos y controversias científicas, las preferencias electorales evolucionan hacia un cuidado mayor sobre las restricciones medioambientales. Queremos verde.
Sin embargo, esto, cuando ingresamos al ámbito de las políticas económicas, se enturbia. Nos recuerda esa vieja afirmación atribuida a Joseph Schumpeter: lo primero que hace alguien por defender su punto de vista es... mentir. Por ello, nos interesa dilucidar algunos mitos populares en tiempos de la COP 20.
El primero es una antesala al tema. Se repite tanto que la polarización política convencional es cosa del pasado, eso de los puntos de vista de izquierda o derecha o de progresistas y conservadores. Y la gente ha llegado a creérselo, pero la realidad muerde. Están como siempre quienes desconfían de las personas y sus soluciones de mercado, idealizan los controles y la intervención estatal, prefieren el proteccionismo y respetan poco la propiedad privada (la gente de izquierda o los rojos). Y están los otros. Los que piensan todo lo contrario (los derechistas o conservadores).
Por supuesto que hay matices, pero estos muchas veces se ven ajustados con las conveniencias temporales. En nuestro país existen izquierdistas con diferentes grados de fanatismo. De los otros, los que optan por respetar la propiedad ajena y apostar por soluciones de mercado, hay muy pocos. Embrolla esta perspectiva otra regularidad. A las pócimas de política económica progresista les va de perros, usualmente. Los gobiernos de izquierda en la región resultan sinónimos de fracaso. Esta realidad engendra a los rojos dizque modernizados o evolucionados. Regímenes que tratan penosamente de no recaer en extremos errores de inconsistencia.
Vayamos a lo medioambiental. En naciones desarrolladas los progresistas han abrazado las banderas verdes como pretexto para controlarlo todo y hacer relativa la propiedad privada. A sus electores parece importarles poco que sus entes estatales resulten horrorosos depredadores. Les ayuda también que, en aquellos parajes, la adecuación al respeto del medio ambiente implique una muy costosa readaptación tecnológica y que existan intereses que no desean respetar lo que quieren los electores.
En países como el nuestro, en cambio, lo verde tendría poco de rojo. Como no existe un acervo de capital pronunciado, todo está por hacerse. La mayor parte de la acumulación e institucionalidad que requerimos para desarrollarnos está por hacerse. Hemos acumulado tan poco –gracias a la torpeza de nuestros gobiernos– que nuestro problema es más simple. Tenemos que atraer masivamente inversión privada y esta puede ser verde (dada la sostenida reducción de su coste en los últimos años).
Aquí no ayudan esquemas regulatorios y tributarios que espanten la inversión privada, o que sean tolerantes con la depredación medioambiental, como sucede con la minería delincuencial peruana. Pero recordémoslo: dejando fuera el pegajoso márketing político de nuestros amiguitos de izquierda –hoy vestidos de verde–, lo que ellos plantean (más impuestos, más regulaciones y trabas territoriales, menores respetos a la propiedad, etc.) bloquea la inversión privada y no implica verde. Hacerles caso nos dejaría congelados con tecnologías obsoletas con una elevada huella de carbono.