Maria Cecilia  Villegas


A raíz de “Perú-Petro tiene que dar explicaciones”, solicitó que me rectifique de lo sostenido. No solo no lo haré, sino que en esta columna sostendré con más argumentos el despropósito que significa que Perú-Petro haya modificado procedimientos para entregar la operación de los lotes I, VI y Z-69 a Petro-Perú.

Los proyectos de operación de hidrocarburos son proyectos de largo plazo, porque la naturaleza de la operación demanda grandes inversiones. Por ello, los contratos que se celebran con los operadores son de 30 años. En explotación, la operación de pozos petroleros demanda inversión en perforación para permitir el aumento de la producción. Sin perforación la producción de los pozos cae. Entregar los lotes en operación por un plazo de dos años garantiza que no se realicen las inversiones necesarias en la medida en que en ese tiempo no será posible recuperar la inversión.

Petro-Perú sostiene que los lotes son negocios en marcha y que no requieren inversiones mayores. Los actuales operadores de los lotes le han informado a Perú-Petro que mantener la producción de los lotes requiere de gran inversión. De hecho, en el caso del lote Z-69, mantener la producción requeriría invertir en: (i) OPEX: US$80 millones por año (costo total asociado a la producción y funcionamiento del lote), (ii) Costos de Abandono: US$20 millones a empezarse a ejecutar a partir del séptimo año y (iii) CAPEX de integridad de activos: U$17 millones por año. Sin esta inversión, habrá potenciales paradas de compresores, fuga en ductos y colapso de plataformas. Además del riesgo de incurrir en contingencias ambientales de gran impacto. Y, en ese sentido, SAVIA le informó a Perú-Petro que, sin las inversiones adicionales con fondos distintos al generado por el flujo del negocio, la curva de producción básica declinaría entre el 6% y el 8% anual y sería sostenible solo hasta el 2026.

Petro-Perú sostiene que es inexacto afirmar que no tiene la capacidad técnica. De acuerdo con la ley, para poder ser operador de lotes petroleros, la empresa debe ser calificada con “capacidad económica” y “capacidad técnica”. Petro-Perú es una empresa en grave crisis financiera y su operación actual está en riesgo, tanto así que sus representantes, solo hace unas semanas, solicitaron al Estado Peruano S/5.500 millones de aporte de capital y facilidades financieras que el MEF les negó. Lo que demuestra que no hay un alineamiento entre sus accionistas sobre cómo enfrentar la crisis financiera de la empresa. Petro-Perú no tiene un plan de reestructuración y fortalecimiento, con lo que seguirá siendo un problema para el Estado Peruano.

Es claro que Petro-Perú no está en capacidad de enfrentar nuevas líneas de negocio que demandarían recursos financieros. Y, sin embargo, sin explicación, Perú-Petro lo calificó como sujeto económico, pese a que Petro-Perú no tiene la capacidad financiera para refinar crudo, operar lotes y transportar el crudo simultáneamente.

Lo que sí no ha podido hacer Perú-Petro es calificarlo como sujeto técnico. Petro-Perú sostiene que sí tiene capacidad técnica, aunque Perú-Petro no se la reconozca, porque opera los lotes 192 (parado desde el 2020) y 64(parado desde el 2015). ¿Esa es la experiencia con la que Petro-Perú pretende acreditar “capacidad técnica”? La norma establece que la capacidad técnica puede acreditarse también a través de un contrato asociativo con un socio que sí la tenga (contratista de hidrocarburos actual), cosa que Petro-Perú ha descartado o no ha podido conseguir, o con la contratación de una empresa de servicios integrales petroleros (ESIP). ¿Buscará Petro-Perú a las dos empresas más reconocidas en el mercado: Schlumberger o Halliburton? ¿U optará por un consorcio de pequeños contratistas sin respaldo?

Petro-Perú es una empresa pública que no tiene buena gobernanza corporativa y cuyos resultados económicos y manejo ambiental son prueba de incapacidad de gestión. Una empresa privada insolvente ingresaría a Indecopi para proteger los intereses de todos los ‘stakeholders’. Mientras que el Estado Peruano no permitirá que Petro-Perú quiebre, porque impactaría la percepción del riesgo país. En lugar de ello, el Estado destina millones de soles de recursos para los constantes salvatajes a la empresa. Recursos que deberían irse a financiar, por ejemplo, mejoras en los servicios de salud y educación.

Nuevamente, Perú-Petro tiene que darle explicaciones al país por la decisión tomada.



*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Maria Cecilia Villegas es CEO de Capitalismo Consciente Perú