Vizcarra anunció el cierre del Congreso a las 5:40 p.m. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 56% de peruanos apoyaba esta medida en julio. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
Vizcarra anunció el cierre del Congreso a las 5:40 p.m. Según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 56% de peruanos apoyaba esta medida en julio. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
Pedro Tenorio

Analista político

Disolver el Congreso le ha sido relativamente fácil a . Ahora viene lo difícil: gobernar, impulsar el aparato del Estado con dinamismo y real capacidad de inversión, conseguir que su equipo ministerial trabaje a fondo generando resultados que la población pueda percibir cuanto antes. Hasta hoy Vizcarra ha ejercido la presidencia por 18 meses, la mayoría de los cuales los pasó quejándose –con mucho éxito en las encuestas– de los obstáculos que le ponía la mayoría fujimorista en el . Quería ser solista en el escenario del poder y lo consiguió, y ahora todas las miradas, demandas y expectativas recaerán sobre él y su equipo: no habrá nadie más a quien culpar.

El Congreso presidido por Pedro Olaechea no tiene excusas. Quiso humillar a Vizcarra y este aprovechó una oportunidad de oro, la última que tenía, para hacer lo que tanto venía anunciando: su disolución. No le quedó más alternativa desde el punto de vista político, pues había hipotecado su credibilidad a esta salida extrema y la ejecutó con beneplácito cuando fue evidente que el Parlamento elegiría un Tribunal Constitucional para el que ni siquiera tenía los votos para una renovación significativa. Optaron por desafiar a Vizcarra cuando lo que más convenía era otorgar la confianza, estudiar el proyecto del Ejecutivo y realizar los ajustes necesarios. Primó la soberbia: los mismos que aconsejaron a Keiko Fujimori demoler a PPK (¡y miren a dónde llevó esta actitud a Keiko y su partido!) insistieron en que había que darle una lección al mandatario. Ambas partes debían negociar, pero Olaechea y compañía jugaron al límite. El presidente, derrotado políticamente la semana pasada tras el archivamiento de su proyecto de adelanto de elecciones, vio un espacio para resurgir. Lo demás es historia conocida.

¿Golpe de Estado, mala interpretación constitucional o mero ejercicio de una polémica atribución presidencial? El Tribunal Constitucional dirimirá la cuestión y sus consecuencias. Mientras tanto, toca analizar qué ocurrirá en este nuevo escenario.

Vizcarra gobernará sin contrapesos y escasa fiscalización política, lo que es malo. Habrá elecciones parlamentarias en enero próximo (en cuatro meses). ¿Participarán los mejores cuadros de los partidos para una gestión que, a lo mucho, será de un año y pocos meses sin posibilidad de reelección? ¿Se aplicarán los filtros aprobados por la reforma política que lideró el Gobierno y que garantizarían mayor democracia interna, cuotas de género y honestidad en las listas? Veo difícil que el próximo Legislativo sea sustancialmente mejor que el que acaba de ser disuelto. Lejos del aplauso y la comparsa, la perspectiva para el país es incierta.