Es la primera obra del gobierno de Alberto Fujimori que aparece en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas. (Foto: AFP)
Es la primera obra del gobierno de Alberto Fujimori que aparece en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas. (Foto: AFP)
Fernando Vivas

Columnistas, cronista y redactor

fvivas@comercio.com.pe

No es una confesión, no se emocionen. Es una formulación genérica, sentido de mea culpa común. Todos, ejem, tenemos alguna culpa respecto a la gran corrupción. Y a la vez estamos aptos para denunciarla. Pero insisto en que los peruanos tenemos que deplorar, haciéndonos tun tun en el pecho, la normalidad con la que dejamos pasar la más sofisticada perversión de las asociaciones público-privadas (APP) en nuestra historia.

La derecha santificó cada requisito de una perversión que se volvió modelo: desmanteló el rol planificador del Estado para recibir cualquier iniciativa privada, hizo licitaciones imprecisas que llevaron a adendas y arbitrajes ad hoc, planteó APP donde convenía obra pública, y viceversa, usó los organismos multilaterales como una de las formas de evitar el control, mitificó los megaproyectos sobre la infraestructura menuda.

La izquierda no radical, la ‘moderna’, hizo lo mismo cuando llegó al poder central (esto de lo que hablamos llegó a su apoteosis con Lula, ¿no?) y al local (Goyo Santos y Villarán, por ejemplo). Buscó diferenciarse solo en el color de la obra, ya sea verde ecológico o multicromatismo inclusivo. Recuerdo a Susana Villarán, en una entrevista que me dio antes de destaparse su vínculo con Lava Jato, jactarse de que en su gestión se invirtieron más millones que en la de Castañeda.

La otra izquierda, la radical maximalista, la emprende contra el capitalismo sin apoyar urgentes reformas. Por eso, en el Congreso, pudiendo hacer tanto en defensa de ciudadanos y consumidores, postulan una Asamblea Constituyente con debates bizantinos para refundar todo en el papel. Apuesto que si se debatiera una nueva Constitución, esta izquierda plantearía que nos consagráramos al ‘sumak kawsay’ o ‘buen vivir’ no extractivista.

De alguien tiene que salir, esté o no en el centro, el plan para enderezar las APP y todo lo corrompido alrededor. El castigo ayuda bastante y hemos hecho grandes progresos al tener a peces gordos procesados. Hay implicados de derecha e izquierda, y de cuatro gobiernos; componiendo una pluralidad que nivela la lucha contra la corrupción y minimiza la coartada de la persecución. Miren cómo en EE.UU. el juez Thomas Hixson ni siquiera discute el argumento persecutorio de la defensa toledista. A la justicia peruana se la respeta.

Sin embargo, sigue habiendo un desbalance procesal cuando se compara la situación de los políticos y funcionarios con la de los empresarios y actores de la sociedad civil que apañaron las perversiones. Nos falta avanzar penal, administrativa y moralmente en ese juicio.