Quiero dar una buena noticia, porque estoy harto de usar este rincón para machacar a la política depreciada y a la persecución judicial (auto)destructiva.
Una razón fundamental de nuestra crisis política es que el sistema electoral y de partidos es perverso y mercantilizado: las campañas demandan un exceso de gasto que se obtiene de mafias y de prohibidas fuentes foráneas. Los partidos abren la puerta a sinvergüenzas que se cuelan con el voto preferencial y lavan sus sucios activos en la campaña. Las finanzas partidarias son tan complicadas e informales que, a la larga, provocan escándalos como el de las cuentas de Nadine Heredia o Ecoteva.
En Brasil ha explotado una bomba que revela la extrema perversión de esta mercantilización de campaña: la estatal Petrobras indujo a grandes empresas como OAS y Odebrecht a colaborar con la continuidad del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno. De este megaescándalo, que ya ha llevado a prisión a cuadros del PT y a directivos de esas empresas, se deriva una hipótesis transnacional: que dichas firmas también pueden haber sido inducidas, fuera de Brasil, a colaborar con los candidatos amigos del PT.
A todo esto, ¿cuál es la buena noticia? Que para frenar los efectos perniciosos de esta mercantilización de la lid política, importantes empresas que operan en el Perú, y que son miembros de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y de la Confiep, se acercaron a la ONPE, para sugerir la creación de un fondo que sea repartido equitativamente a los partidos en contienda.
La ONPE hizo suya la idea y hace unos días presentó al Congreso el proyecto que crea el Fondo Electoral Empresa y Democracia. Tengo el texto y leo que las donaciones son voluntarias y deducibles de impuestos. Me parece bien: así no solo la empresa privada sino el Estado, o sea, todos nosotros, invertimos en la calidad de nuestra política y de su transparencia. El 20% del fondo será distribuido igualitariamente entre los candidatos y 80% según la representación congresal con la que ya cuentan. En el caso regional esa proporción de 20/80 se convertirá en 50/50.
Mientras los políticos se trenzan en batallas fútiles y el Ministerio de Economía y Finanzas no suelta las partidas para financiar a los partidos (como manda la ley), hay que saludar esta iniciativa. Sé que no surge del puro amor por la democracia, sino de empresarios hartos de que los políticos los ‘piquen’ en las campañas y les pongan cara fea si no abren el puño. Para colmo, los aportes suelen ser secretos y obligan a empresas y partidos a enmascararlos. En la sustentación del proyecto, la ONPE revela que en el 2011 solo el 10% registrado vino de empresas. Es obvio que hay un millonario aporte no declarado.
Ahora, empresas como Telefónica que, por estatuto propio, están impedidas de aportar a partidos sí podrán hacerlo al fondo. O sea, se incrementará la cantidad de aportantes junto con la transparencia de la campaña. Eso sí, para redondear la iniciativa y fortalecer el fondo, los gremios empresariales deben comprometer a sus socios a no hacer donaciones fuera de él. No vaya a ser que, por un lado, contribuyan a la transparencia y la equidad, y, por otro lado, mantengan el perverso sistema.
Que este sea el inicio de una serie de reformas que limiten el gasto electoral y, con él, la presencia de mafiosos y activos sucios en la política. La empresa y la sociedad civil se quieren portar con un fondo administrado con equidad y transparencia; ahora, políticos, ¡pórtense ustedes!