En caso de que no se llegue a cumplir con el pago de las pensiones, los colegios privados pueden iniciar el retiro del estudiante y trasladarlo a otro centro educativo. (Foto: GEC)
En caso de que no se llegue a cumplir con el pago de las pensiones, los colegios privados pueden iniciar el retiro del estudiante y trasladarlo a otro centro educativo. (Foto: GEC)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

No vivimos en un país como Estados Unidos o Alemania, donde incumplir reglas básicas de convivencia, como pagar a los demás por el servicio que nos brindan, genere rechazo. Vivimos en un país donde la sociedad premia –muchas veces– a Pepe el Vivo.

Por eso, es absurdo diseñar reglas legales que incentiven comportamientos oportunistas. Esto es lo que han generado las normas que “protegen” la economía familiar en el pago de las pensiones de la educación básica regular y superior privadas. Esto al impedir que los centros educativos –con o sin fines de lucro– puedan realizar cobranzas efectivas hasta que comience el siguiente año en los colegios o el siguiente ciclo en las universidades, vale decir hasta 12 o 6 meses después, respectivamente.

Un dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, que deberá verse en el pleno, busca remediar esto para el caso de los colegios. Propone que, tras dos meses consecutivos o tres discontinuos de impagos, los colegios otorguen 30 días a los padres para realizar el pago, y que, en caso contrario, se proceda a trasladar al menor a una institución pública o privada en los 30 días siguientes.

Según la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), entre el 2016 y el 2018 la tasa de morosidad en el NSE A y B pasó de 6% a 15%, y en el C y D supera el 60%. En tanto, un estudio de IPAE –que solo incluye a 17 colegios– indica que la tasa de morosidad es cercana al 20% en marzo y abril, y disminuye hacia 12% en diciembre.

Aunque no hay un estudio representativo que nos dé cifras fidedignas, impedir que los gestores educativos cobren las pensiones hasta dentro de 12 meses supone que sean los otros padres de familia quienes –además de pagar impuestos al gobierno para financiar la educación pública– deban pagar los costos de la educación de los niños cuyos padres no paguen, a través de mayores pensiones o de menor calidad de la educación recibida.

¿Y cómo sabemos que esos padres realmente necesitan el apoyo y no se están comportando de manera oportunista? No lo sabemos. Se ha creado un impuesto ciego que incentiva la mora y el perro muerto (cambiar de colegio sin pagar la deuda).

La propuesta del Congreso tampoco es la más adecuada. Estoy de acuerdo con iniciar a los dos o tres meses las acciones de cobro contra los padres, pero si estos pueden demostrar que ha ocurrido una situación de urgencia/emergencia que ha cambiado la situación económica familiar del hogar (un fallecimiento, el despido del trabajo, etc.), quizá deba ser el Estado el que provea una beca al menor solo hasta que termine el año escolar, para no perjudicarlo con un cambio abrupto.

Pensemos fuera de la caja para proteger al menor, promover colegios privados financieramente sanos, y que no se normalice la cultura del cabeceo.