Políticamente se vienen meses decisivos; semanas que serán muy duras para el país. Y no solo por el impacto de la pandemia en la economía y sociedad peruanas.
Existen varios incentivos perversos de cara a la elección presidencial y parlamentaria del 2021 (¡que está a la vuelta de la esquina!), y no parece que el Gobierno esté muy decidido a comprarse el pleito de oponerse a ellos. Veamos:
Desde el Congreso pisan el acelerador para convertir en leyes a proyectos que atacan la estabilidad del presupuesto público y la calidad de los servicios que brinda el Estado. Son nocivos, pero generan fervorosos aplausos entre una mayoría ciudadana que vive golpeada por el COVID-19, el desempleo y la caída de ingresos. Así, no hay forma de “devolver” los aportes a la ONP y los congresistas lo saben, pero insisten en ello porque necesitan quedar bien hoy para pedir votos mañana. Del mismo modo, entienden que aprobar el retiro de hasta el 100% de los fondos de las AFP perjudicará la jubilación de millones de afiliados (¿qué será de ellos cuando cumplan 65 años? ¿Pasarán a sobrevivir con Pensión 65?). La mayoría de legisladores entiende que se trata de un terreno minado, que perfora el erario y ataca la estabilidad económica, pero cree que es una vía segura para quedar bien con quienes acudirán a las urnas en ocho meses. Hay una minoría ciega a la que nada importa; sin embargo, el resto entiende que está jugando con fuego.
Ante la inacción del Ejecutivo, que a lo más condena públicamente estos proyectos pero no propone alternativas o negocia políticamente una mejor salida legislativa, los partidos seguirán en esta loca carrera. Si nadie se compra el pleito –y el primero en hacerlo debería ser el Gobierno–, vamos a profundizar la incertidumbre acerca de nuestro futuro económico y acentuar el desempleo.
Otro factor crítico será el comportamiento de la oposición política, que observa a Vizcarra errar en el manejo de la pandemia. Con la mira puesta en la campaña electoral que se iniciará en menos de cuatro meses (diciembre), será cada vez más difícil apelar a la unidad. Con el declive de la aprobación presidencial llegarán más ataques. Eso movilizará a los partidos, pero también a los colectivos politizados que han encontrado en el ataque a los proyectos mineros –sobre todo en el sur andino– una extraordinaria veta como caballito de batalla electoral y fuente de recursos, vía paros y “conflictos sociales” nacidos a partir de la toma de carreteras. Aquí también el Gobierno parece tirar la toalla (como sucedió con Tía María) en su afán por no hacer olas. Necesitamos más minería responsable, socialmente sostenible y con proyectos que beneficien directamente a las comunidades en las que operan.
El tema se resume en un verdadero liderazgo político en este campo, ¿lo tiene el presidente Vizcarra? No lo creo. Espero equivocarme en ello.