:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/02f424e7-280a-41a8-8a12-8fde1a693ab7.png "Fernando Vivas")
El pleno votará hoy si acusa o no a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, de coautores del golpe de Castillo. El delito se llama rebelión y, si no los acusan de ello, podrían hacerlo por conspiración. Pero esos son los tipos legales; el asunto es que la Fiscalía de la Nación, considerando que los tres eran ministros a la hora del desmadre y les asiste la protección constitucional del antejuicio, le pide al Congreso que se las levante.
Con Betssy las cosas están muy claras. Antes de que la fiscalía la comprenda en la investigación posgolpe, el mismo 7 de diciembre revelamos en estas páginas que ella había gestionado con el equipo de TV Perú que registró y trasmitió el mensaje golpista. Si esto fuera una película, Castillo sería el director y estrella, y Betssy, la ‘executive producer’ o productora ejecutiva. La fiscalía cuenta –como lo hemos confirmado en documentos trascendidos– con los testimonios de los trabajadores de TV Perú y hasta con el video de los minutos previos a la difusión del mensaje, donde se atisba el papel de ‘productora’ de Chávez.
En cambio, las evidencias contra los otros dos exministros son débiles. El exministro Huerta, es cierto, llamó al entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, a pedido de Castillo para que el propio presidente le ordenara intervenir el Congreso y la fiscalía. Ya sabemos que Alfaro no le hizo caso y, por el contrario, junto con su equipo tomó la decisión de detenerlo en flagrancia. Huerta, hasta donde se ha probado, pasó la llamada, pero no dio órdenes ni colaboró visiblemente con el propósito de Castillo.
Si con Huerta no hay solidez en las imputaciones, con Roberto Sánchez menos. No hay ninguna evidencia de que haya participado antes, durante y después del golpe. Sucede con él que, a diferencia de otros ministros que abandonaron rápidamente Palacio y renunciaron, tuvo dudas y hasta se las habría expresado a Castillo con la frase “por el país”. Si así fuera, se trata de una opinión lamentable y una reacción lenta antes de saltar del barco. Considerarlo como autor, como pide la fiscalía, sería un exceso que viciaría la solidez de las evidencias contra Chávez.
Sánchez no es impoluto, qué va. He publicado una crónica, “El vocero que se quedó sin voz” (21/11/22), que incluye serias acusaciones de sus excorreligionarios de Juntos por el Perú. También refiero que está comprendido, desde antes del golpe, en la megadenuncia de corrupción que se hizo contra Castillo. A Sánchez se le imputa haber obstruido la justicia al darle trabajo en el Mincetur a la esposa del entonces prófugo Bruno Pacheco. Pero esos son otras investigaciones por las que tendrá que responder. Ojalá el Congreso no use el cuestionable pedido de la fiscalía para la revancha política y debilite el sólido caso contra Betssy Chávez. Piensen antes de votar.
Con Betssy las cosas están muy claras. Antes de que la fiscalía la comprenda en la investigación posgolpe, el mismo 7 de diciembre revelamos en estas páginas que ella había gestionado con el equipo de TV Perú que registró y trasmitió el mensaje golpista. Si esto fuera una película, Castillo sería el director y estrella, y Betssy, la ‘executive producer’ o productora ejecutiva. La fiscalía cuenta –como lo hemos confirmado en documentos trascendidos– con los testimonios de los trabajadores de TV Perú y hasta con el video de los minutos previos a la difusión del mensaje, donde se atisba el papel de ‘productora’ de Chávez.
En cambio, las evidencias contra los otros dos exministros son débiles. El exministro Huerta, es cierto, llamó al entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, a pedido de Castillo para que el propio presidente le ordenara intervenir el Congreso y la fiscalía. Ya sabemos que Alfaro no le hizo caso y, por el contrario, junto con su equipo tomó la decisión de detenerlo en flagrancia. Huerta, hasta donde se ha probado, pasó la llamada, pero no dio órdenes ni colaboró visiblemente con el propósito de Castillo.
Si con Huerta no hay solidez en las imputaciones, con Roberto Sánchez menos. No hay ninguna evidencia de que haya participado antes, durante y después del golpe. Sucede con él que, a diferencia de otros ministros que abandonaron rápidamente Palacio y renunciaron, tuvo dudas y hasta se las habría expresado a Castillo con la frase “por el país”. Si así fuera, se trata de una opinión lamentable y una reacción lenta antes de saltar del barco. Considerarlo como autor, como pide la fiscalía, sería un exceso que viciaría la solidez de las evidencias contra Chávez.
Sánchez no es impoluto, qué va. He publicado una crónica, “El vocero que se quedó sin voz” (21/11/22), que incluye serias acusaciones de sus excorreligionarios de Juntos por el Perú. También refiero que está comprendido, desde antes del golpe, en la megadenuncia de corrupción que se hizo contra Castillo. A Sánchez se le imputa haber obstruido la justicia al darle trabajo en el Mincetur a la esposa del entonces prófugo Bruno Pacheco. Pero esos son otras investigaciones por las que tendrá que responder. Ojalá el Congreso no use el cuestionable pedido de la fiscalía para la revancha política y debilite el sólido caso contra Betssy Chávez. Piensen antes de votar.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Fernando Vivas es columnista, cronista y redactor
