En mi columna “Degradación congresal” (1/6/23), concluía que este cada vez más evidente y pronunciado proceso del Legislativo peruano tenía en la corrupción una de sus causas fundamentales. Otra, señalaba, era la hiperfragmentación del voto y de las bancadas.
Por ejemplo, el blindaje a los y las congresistas “mochasueldos” en la Comisión de Ética (no es chiste) por un buen número de parlamentarios expresa, simultáneamente, lo complicado que es construir mayorías sólidas y relevantes para decisiones trascendentales.
Entre estas últimas están nombramientos de funcionarios clave (Defensoría del Pueblo, BCR, TC, Contraloría General de la República, etc), de la Mesa Directiva del propio Congreso y, por cierto, reformas constitucionales congeladas desde hace años.
Fíjense, sino, en el reciente intento de lograr los 87 votos para la bicameralidad (abstrayéndonos por un momento de si le corresponde o no a este Congreso hacerlo, de si cuenta o no con la “legitimidad” del caso, de si debió abrirse a un mayor debate nacional, etc; solo diré que bajo esa perspectiva nos podríamos pasar 15 años más sin ninguna reforma).
Y ahora vuelvan a la imagen de la señora Maricarmen Alva zarandeando a la señora Francis Paredes para convencerla de apoyar el cambio constitucional y lograr el número mágico porque ya tenían 86 botones verdes asegurados. Formas o no formas de la acciopopulista, es esa desesperación a la que me refiero cuando notamos lo tremendamente complicado que es construir mayorías calificadas.
Lo que explica, entre otras cosas, por qué en temas de ética o legalmente indefendibles, como el caso de los parlamentarios que roban el sueldo de sus trabajadores o blindan evidentes casos de corrupción como el de “Los Niños”, todo pasa por el tamizaje del cálculo de votos.
Usted y yo, o cualquier otra persona, concluiría que el desafuero y/o la acusación constitucional para que la justicia haga su trabajo con la celeridad que corresponde es la única salida, tanto por razones de integridad como para salvaguardar la reputación de la institucionalidad del Legislativo.
Pero eso supone tirar al azar la construcción de mayorías, volver a la mesa del intercambio de favores y poner en riesgo el logro de algunos acuerdos, como, por ejemplo ahora, la nueva Mesa Directiva.
La ética es la primera víctima de la fragmentación; las segundas son la calidad de la representación y la democracia al quedar bloqueadas reformas políticas claves para el país.