Crimen y democracia: El dilema de la ‘mano dura’

Son tiempos oscuros para Latinoamérica. El asesinato del aspirante presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha enviado ondas de choque a través de toda la región, echando luz a un reto apremiante que une a nuestros países: la inseguridad ciudadana.

Existen servicios esenciales que el Estado está obligado a proporcionar a sus ciudadanos: salud, educación, justicia y seguridad. El Perú nos viene fallando en todos los frentes. En junio, una encuesta realizada por el IEP reveló que el 80% de los peruanos manifestó sentirse inseguro frente a la posibilidad de ser víctima de un asalto. Además, el 42% reveló haber sido víctima de algún acto de delincuencia en los últimos tres años. A pesar de que la presidenta Dina Boluarte reconoció el grave problema de la inseguridad ciudadana en su discurso de 28 de julio, expertos concluyen que las medidas propuestas por su gobierno no transmiten un sentido de urgencia, ya que sus resultados parecen distantes en el horizonte.

La reacción natural de los ciudadanos ante tal nivel de inseguridad es pedir ‘mano dura’. Francamente, no es para menos. La realidad del crimen en la actualidad va más allá de simples robos; nos encontramos frente a amenazas mucho más violentas, que abarcan desde secuestros y extorsiones hasta sicariato. Un simple vistazo a las tendencias en Twitter, donde la frase ‘mano dura’ se repite con frecuencia, pone de manifiesto el ansia en América Latina por una acción decidida por parte de los gobiernos para hacer frente al crimen, haciendo eco del popular estilo bukelista.

Pero ¿cómo compatibilizar la ‘mano dura’ con la democracia? Hay una línea muy fina entre atacar la delincuencia con políticas efectivas y la caída libre hacia un autoritarismo de corte bukelista. Ayer, Javier García Bejos argumentaba en una columna en “El Heraldo de México” que la lógica de ‘mano dura’ parece sensata, pero ignora las futuras consecuencias de un sistema punitivo que simplifica temas complejos en favor de una percepción de paz y estabilidad, a expensas de las libertades básicas de la gente.

Y es que la visión binaria del bien y del mal vende. El discurso público del miedo y del castigo vende. La idea de una justicia retributiva es tentadora, pero nos aleja de ver el panorama más grande. Nos aleja de las falencias del Estado en otros aspectos y pone al centro la responsabilidad individual del criminal (centrándose, en el caso peruano, en su nacionalidad), para el regocijo de nuestros cerebros al verlo castigado.

Si Boluarte no logra materializar sus promesas en materia de seguridad ciudadana en el corto plazo, hay una posibilidad muy real de que los peruanos busquemos, en la siguiente elección, a un candidato ‘mano dura’ que, al estilo de Bukele, priorice el castigo a costa de las libertades individuales.