Si tenemos en cuenta el gigantesco esfuerzo y costo de realizar un censo en un país disperso, inaccesible y variado como el nuestro, es chocante descubrir que los resultados de ese trabajo sean casi ignorados. Fue el caso de los tres primeros censos del sector agropecuario, de 1961, 1973 y 1994, cuyos datos rara vez han sido mencionados por décadas de investigación. La sorpresa es mayor si consideramos cuán grande ha sido –y sigue siendo– nuestra ignorancia en cuanto a la actividad agropecuaria, más aun si tenemos en cuenta la importancia política del tercio más pobre de la población. Más y más se hace evidente que el camino para salir de esa pobreza dependerá de la elevación de la productividad y de la participación en el mercado por los pequeños agricultores. Un efecto de esa ignorancia ha sido la persistencia de interpretaciones más teóricas e ideológicas que las basadas en información verificable.
Por todo eso, el cuarto censo agropecuario, del año 2012, representa un cambio histórico, como si por fin prendiéramos la luz en nuestra propia casa. Más de un factor ha coincidido para producir finalmente un alumbramiento de la realidad agropecuaria. Uno ha sido el salto tecnológico que representan las nuevas computadoras, que ahora permiten visualizar y procesar los millones de datos que recoge un censo. Hace pocos años, esa riqueza informativa quedaba enterrada en los archivos y en las computadoras de las oficinas estadísticas, riquezas informáticas que en la práctica eran inaccesibles para el estudioso, como los minerales de baja ley. Al mismo tiempo se viene elevando la prioridad política de la solidaridad, lo que nos obliga a pasar de los discursos a las acciones a favor de la pobreza rural, y que crea una mayor demanda de información científica como base para las políticas de desarrollo rural.
El tercer factor llegó de afuera, en la forma de una intervención de la representación de la FAO, entidad de las Naciones Unidas creada para apoyar el desarrollo agropecuario y rural en el mundo. Consciente de la oportunidad que representaba el nuevo censo, la representación de la FAO en el Perú ofreció financiar un programa de investigación basado en el aprovechamiento de los datos del censo y orientado a las prioridades de la política agraria. Condición importante de ese apoyo fue la participación del Ministerio de Agricultura, tanto en la fijación de prioridades de estudio como en la facilitación del acceso a las bases de datos censales, además del CIES que fuera encargado de la ejecución del concurso para realizar las investigaciones.
Las diez investigaciones realizadas por el proyecto tocaron una diversidad de temas, pero alienta la especial atención otorgada a las prácticas tecnológicas y al papel de la conectividad, énfasis que representa un saludable giro hacia la productividad y la participación en el mercado. Son temas poco estudiados durante el cuarto de siglo anterior cuando la tecnología se estudiaba a través de una óptica más preocupada por la conservación de instituciones y prácticas ancestrales que por la productividad, sesgo que ha sido calificado como un fundamentalismo andino por el investigador Hector Maletta. En todo caso es evidente que empieza una nueva etapa de descubrimiento científico de la agricultura que podría contribuir a una gestión pública y empresarial más eficaz.