Oe, choleas y te encano; por Fernando Vivas

No es broma ni radicalismo insólito. Sí creo que en materia de lucha contra la discriminación hay que jugárnosla por entero. Hay que ser drásticos y ejemplarizadores al punto de que podamos meter preso, si su perfidia discriminadora es nítida y alevosa, a alguien que en sus redes sociales aliente que a otros peruanos se les cierre el acceso al goce de derechos que les reconoce la Constitución.

El que comete un abierto acto de discriminación, como Zulema Alatrista que golpeó y profirió insultos racistas contra Elena Viza en Arequipa, tiene que ser denunciado o investigado de oficio (si no fue detenido en flagrancia). De eso no cabe duda y la fiscalía arequipeña ya está haciendo lo suyo en cumplimiento del Art. 323 del Código Penal.

Pero, ojo, el Art. 323 dice que comete delito “el que, por sí o mediante terceros, discrimina a una o más personas o grupo de personas”, y el que “incita o promueve en forma pública actos discriminatorios”. Por lo tanto, el caso de Inés Diez Canseco que, en un chat de socios del Regatas, clama por restringir derechos de las empleadas del hogar en el club, encaja en esa figura. Que yo sepa, el Ministerio Público no ha hecho nada al respecto. Ni siquiera tiene una fiscalía especializada en discriminación.

El que discrimina o promueve la discriminación está alentando a que se perjudique para toda la vida a otros, cerrándoles puertas, negándoles reconocimientos, frenándoles salarios y ascensos. Es un delito con daños sistemáticos e incalculables y, para remate, en gran medida normalizado en el Perú. Por eso, combatir la discriminación es un mandato que el Estado, y todos sus poderes, deben hacer y gritar que lo hacen.

La lucha anticorrupción –prioridad que no discuto– se asocia a la discriminación, pues mucho de lo corrompido se ampara en prejuicios a favor del corrupto y en contra de mayorías victimizadas por la corrupción. Por otro lado, aunque las encuestas no suelen preguntarlo, presumo que muchos de los que simpatizan con la idea de combatir la corrupción lo hacen con la idea de fomentar un ajuste de cuentas contra sinvergüenzas privilegiados. De ahí que la percepción de que la acción de la justicia no es igual para todos es tan corrosiva.

El gobierno está ocioso y ciego en esta materia. El Ministerio de Cultura, que tiene un observatorio contra el racismo, no hace visible esfuerzo alguno que demuestre que cumple con su misión. Las municipalidades son mucho más diligentes haciendo cumplir ordenanzas contra la discriminación. Lamento que en el caso del Callao y el cierre parcial del Jorge Chávez, la desproporción y la polémica desplacen a lo esencial. Sigan adelante en el afán, municipios, pero que quede claro que el motivo es la anti-discriminación y no otro.