El derecho a la corrupción

¿Qué derecho defiende Castillo al llamar a la OEA? Si es el derecho contra la vacancia, las acusaciones constitucionales y las investigaciones de la fiscalía, pues que se tenga en cuenta que decidió gobernar contra el consenso y nombró cuadros que mantuvo a pesar de las innumerables pruebas de que estaban involucrados en tramas corruptas. Al insistir en mantenerlos, se hizo evidente que estaba comprometido con ellos.

El abogado Raúl Noblecilla, vocero oficioso de su defensa legal, dijo varias veces en RPP “no es justo” cuando le inquirían sobre por qué el presidente no contesta sobre los cargos que se le hacen. Todo lo reduce el abogado al obstruccionismo que padece un hijo del pueblo. Solo a adoradores del autoritarismo les puede parecer que a un presidente no se le puede ajochar para que explique por qué insistió en mantener a ministros y funcionarios podridos.

Así las cosas, lo que defienden los que trajeron a la OEA a toda costa es el derecho a gobernar sin cortapisas, sin interpretaciones de la Constitución, sin investigaciones penales. La frustración del autoritarismo corrupto cree que encontrará solidaridad en una misión internacional. Pero tal pretensión no es descabellada, ah. ¿Acaso los cancilleres de Guatemala y de Argentina, Mario Búcaro y Santiago Cafiero, por solo citar a dos, no vienen de regímenes abrumados por acusaciones de corrupción y enfrentamientos con poderes fiscalizadores y la prensa? En realidad, la mejor misión no puede ser una de cancilleres, sino una de ilustres personalidades de la sociedad civil interamericana.

El ‘quid’ del debate planteado por la visita de esta gente es si a Castillo le asiste el derecho a gobernar con prerrogativas corruptas y si a quienes se le oponen les asiste el derecho de fiscalizar e incluso de vacar. ¿El derecho aberrante a la corrupción o la lucha contra la corrupción como derecho humano que tiene que ser promovido por la comunidad interamericana? ¿La OEA es guardiana del decadente sistema presidencial americano o promotora de su limpieza y reforma?

Es lo segundo, pues, y bien haría la misión en reconocer que nuestro orden jurídico tiene figuras ciertamente letales, como la vacancia por incapacidad moral permanente, la acusación constitucional y la cuestión de confianza, que hay que redefinir, pero a la vez nos desprotege contra la corrupción. Es deplorable que la corrupción no sea una causal de acusación constitucional al presidente o que no esté explícitamente definida como causal de vacancia. Y, si bien es cierto que es tal la inmoralidad del presidente que justifica su vacancia, también es cierto que el Congreso ha perdido año y medio en el que pudo hacer grandes reformas. Ojalá estas verdades estuvieran en el informe de la OEA, pero me temo que solo estará la segunda. Los pares de Castillo buscarán una retórica neutralidad y promoverán que todos se sienten en la mesa.