"En el caso de la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, el pecado parece ser el no haber encauzado un procedimiento que involucraba a Odebrecht". (Foto: Presidencia Perú)
"En el caso de la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, el pecado parece ser el no haber encauzado un procedimiento que involucraba a Odebrecht". (Foto: Presidencia Perú)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

Hace pocos días, el exministro del Interior , a raíz del caso de Solsiret Rodríguez, afirmó: “Por imposible que sea conocer si los más de 130 mil policías y decenas de miles de otros funcionarios del sector hacen cada día bien su trabajo (o pésimo, como en este caso), la responsabilidad política siempre es del ministro y la asumo, plenamente”. Para luego agregar: “Si pudiera renunciar de nuevo lo haría”.

Es cierto que el responsable político del sector es el ministro. Pero eso no quiere decir que todo lo que ahí ocurra deba generar responsabilidad política en este. Si se prefiere, no significa que todo lo que ocurre en el sector deba generar una responsabilidad política de tal magnitud que amerite la medida más severa: la renuncia.

La empatía de Basombrío con los familiares es aplaudible, pero bajo su estándar me temo que sería prácticamente imposible que los ministros puedan durar en sus cargos, pues implicaría que las instancias bajo su responsabilidad sean absolutamente infalibles, y claramente no lo son. Algo que hoy resulta preocupante, considerando que van siete ministros renunciantes en el Gabinete Zeballos en cinco meses. Y sin Congreso (el cual ya viene) que los interpele ni censure.

Por ejemplo, en el caso de la exministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, el pecado parece ser el no haber encauzado un procedimiento que involucraba a Odebrecht. En resumen, la historia es que el entonces procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, coordinó una reunión con el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu y representantes de Odebrecht, en la sede del Minem, a fin de que la constructora no demandara al Estado Peruano ante el Ciadi por la cancelación del gasoducto sur peruano.

Tanto Liu como Revilla coinciden en que la última estaba enterada del encuentro, y ella indica que “la única acción que he tenido con el procurador era facilitarle el contacto con el exministro”. Sí, ella debió ser más cautelosa, considerando los cuestionamientos que existen respecto del acuerdo negociado con Odebrecht. Un pasivo heredado de la gestión anterior, que negoció con Odebrecht (aunque ahora digan “no negociamos con la corrupción”).

En ese contexto, debió encauzar la reunión hacia el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Podríamos decir, entonces, que Revilla tiene una responsabilidad política, ¿pero es una responsabilidad de tal magnitud que amerite la sanción más severa?

Si, como parece, el presidente Vizcarra ha decidido no usar su capital político para emprender más reformas o sacar adelante proyectos, al menos debe usarlo para defender a sus mejores cuadros. Ninguna persona capaz querrá acompañarlo hasta el 2021 de otro modo. Y aún le queda casi año y medio por delante.