Por estos días los partidos políticos andan muy agitados con miras a las elecciones parlamentarias del 26 de enero. “¡No sabes lo que se viene!”, me advierte un preocupado dirigente de Acción Popular (AP), una de las organizaciones mejor plantadas de cara a estos comicios. Tienen en sus filas al alcalde de Lima, a gobernadores regionales como los de Cajamarca y Cusco, y hasta a dos “presidenciables” con vianda, como Alfredo Barnechea y Raúl Diez Canseco. Es decir, podría pensarse que va “de subida”, pero se encuentra muy dividido. AP es una olla de grillos en la que Jorge Muñoz trolea en público a Barnechea y muchos de sus dirigentes no se hablan entre sí. Y así van camino a estas elecciones.
Ciertamente, todo ello es problema de los acciopopulistas y de nadie más. Pero si así anda un partido con posibilidades de seguir avanzando –a diferencia de otros que llegaron al Parlamento en el 2016 y que hoy han caído en desgracia– no nos queremos imaginar el intrincado camino que aguarda a otras organizaciones que casi no cuentan con dirigentes de peso ni recursos económicos para afrontar su campaña. A diferencia de quienes consideran que “de todas maneras” la representación elegida dentro de tres meses y medio será mejor que la disuelta, aquí mantenemos nuestras dudas. Veamos por qué.
Primero, porque sin la “locomotora” de una candidatura presidencial que atraiga los reflectores de la prensa nacional sobre símbolos y planes de acción parlamentaria, cada lista pugnará por distinguirse de otras con más dificultades que en campañas anteriores. Esto implica una inversión económica que no estaban preparados a afrontar y que colisiona con los intereses de la campaña presidencial del 2021, donde la mayoría de partidos aspira a llegar al Gobierno. Así, para continuar en carrera y salvar la inscripción, deberán superar la barrera del 5% de los votos en enero, lo que forzará un gasto que podría superar el presupuesto inicial y sin saber cuánto finalmente demande.
Segundo, porque la guerra por el voto preferencial llevará nuevamente a una lucha intestina, la misma que se quiso evitar con la reforma que eliminaba este mecanismo y que aún no estará vigente (por ley, entrará en escena después del 2021). Muchos candidatos bailarán con sus propios pañuelos –¡y los de sus financistas!–, por lo que dispondrán de poco más de un año para “recuperar su inversión” o pagar favores. ¿Podremos evitar esta tara?
Y tercero, porque este nuevo Congreso, una vez instalado, también podría dar inicio a la campaña presidencial del 2021; es decir, con harta demagogia y populismo, sobre todo en el plano económico y el de la inseguridad ciudadana. Ojalá me equivoque por completo.