Como en el partido de la selección peruana contra Brasil, no basta con “prender velitas” para que Neymar no esté inspirado o Pedro Gallese tenga la actuación de su vida. Si el Estado Peruano no hace lo mínimo en materia de planes de contingencia para que la infraestructura, especialmente la vinculada a la agricultura, la energía y el transporte, la casi segura ocurrencia de un fenómeno de El Niño será devastadora.
El titular del BCR, Julio Velarde, lo ha dicho con nitidez: “Hay que esperar un escenario positivo, pero es mejor estar preparados para lo peor”. Quisiera equivocarme, pero lo más probable es que suceda lo peor y el país no esté preparado ni para un escenario moderado.
Eso vuelve a poner la mira en el tema de la reforma del Estado, específicamente, su deplorable capacidad de gestión. Un tema hiper diagnosticado y cuya solución está en la peor de las canchas: la política y la falta de voluntad para tomar decisiones que pongan al ciudadano como eje de estas.
Como diría Milei, “la casta” piensa en la “casta”, nunca en la gente.
Suelto un caso. Hay varias funciones en materia de servicios públicos que deberían salir de las competencias de gobiernos subnacionales y pasar a cualquier entidad o sistema de gestión mixto, como, por ejemplo, convenios gobierno a gobierno, o cualquier otra vía, que asegure, al menos, el logro de resultados en la oportunidad debida y candados suficientes como para evitar corrupción.
No hay soluciones perfectas. Algunos dirán que los costos relativos serán mayores y no faltará el que acuse a alguna entidad pública y/o privada de beneficiarse. Pero nuestro problema es mucho más grave. El grado de avance de la obra pública en temas esenciales es mínimo cuando no nulo. ¿Qué tenemos que perder? La pregunta no es para los políticos, va a dirigida a nosotros, los ciudadanos.
Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE, escribió en marzo: “la ciudadanía no puede esperar más. Por ello, en el corto plazo, resulta prioritario implementar mecanismos que reviertan temporalmente competencias específicas –como en la reconstrucción del norte– [...] donde un nivel de gobierno no pueda proveer los servicios [...] Es decir, teniendo al ciudadano al centro, que una obra o un servicio sea provisto por la institución que esté mejor preparada […] De lo contrario, será difícil que la población recupere la confianza en el Estado, así como en las organizaciones políticas que lo administran [...]”. Y tiene toda la razón.