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Así como el ‘swing’ le jugó una mala pasada al presidente Martín Vizcarra haciéndolo hablar de una “meseta” de contagios inexistente, el Congreso continúa con propuestas cada vez más peligrosas para la salud económica y social del país. Se trata de recetas que el Perú puso en práctica en el pasado con pésimos resultados.
Su motor y motivo no es solo la búsqueda de aplausos, sino el desconocimiento o prejuicio acerca de la realidad económica. Y en una etapa preelectoral como esta (tendremos elecciones para renovar Congreso y gobierno en 10 meses), el riesgo es que estas iniciativas continúen en aumento. ¿Exagero? Para nada. Esta semana la bancada de Alianza para el Progreso (APP) ha propuesto una ley para descontar un 12% a los sueldos de los servidores públicos que ganen por encima de S/10.000 mensuales. Señalan que hay la necesidad de que el Estado cuente con más recursos ante la crisis. No nos vamos a detener en citar la montaña de evidencias que demuestran que el problema del Estado Peruano en este momento no es carecer de dinero, sino su incapacidad para invertirlo apropiadamente. ¿Por qué se castiga a los servidores públicos? Lo único que se conseguiría es desalentar al buen funcionario, aquel que aún cree en el Estado y trabaja más allá de banderas políticas para lograr su modernización.
Al que llega por “tarjetazo” o cuota política estas normas no lo afectan. Los “Richard Swing” abundan ahí donde la meritocracia es, en realidad, un juego de apariencias.
Del mismo modo, Acción Popular propone abandonar el financiamiento público de los partidos políticos. Este ha sido un avance importante que sincera la captación de fondos y el gasto de las actividades proselitistas permitiendo, además, fiscalizarlos. Hoy se asegura que, ante la crisis, el Estado no debería gastar en ello. Sin embargo, se olvida que luego de las repercusiones del Lava Jato peruano y de las irregulares fuentes de financiamiento político de siempre, el dinero público es necesario. Si se anulan los fondos estatales, ¿de dónde saldrá aquello que financie a los partidos? Los aportantes privados afrontarán la crisis y buscarán su recuperación, ¿volveremos a depender de la minería ilegal, del contrabando, de la trata de personas –como ocurre en muchas regiones–, cuando no del narcotráfico, para financiar candidatos?
Y eso que no hablamos de los 18 proyectos que buscan congelar intereses bancarios, prorrogar plazos de créditos ya pactados y establecer nuevas condiciones entre privados. No se trata de defender a bancos, sino de evitar que el exceso de regulación encarezca la obtención de créditos a futuro o perjudique a los ahorristas cuyos fondos son empleados para el otorgamiento de dichos créditos. El 50% de deudores ya reprogramó sus pagos (“Gestión” 4/6/2020) y se continúan explorando caminos de recuperación. La película populista la vimos completa en las décadas de los 70 y 80, y nos costó mucho superar esa etapa.
