Los miembros de la familia Prado, fastidiados por el libro que sobre sus antepasados publicó Víctor Andrés García Belaunde, afirman no tener derecho a réplica. Les preocupa también que el congresista impulse un proyecto legislativo para retirar el título de prócer a Mariano Ignacio Prado. La historia es debatible, sobre todo cuando es relativamente reciente. Damos la palabra a Víctor Izquierdo Prado:
“En plena guerra con Chile empezó la infamia contra Mariano Ignacio Prado. Ni los sobrevivientes del Huáscar se salvaron de calumnias. En 1879 se acordó un canje de prisioneros en Valparaíso. Los de La Esmeralda fueron recibidos como héroes. A los peruanos, Piérola les negó honores e impuso un sumario por la pérdida del Huáscar.
Después de la Batalla del Alto de la Alianza (28 de mayo de 1880) el diario pierolista ‘La Patria’, publicó: ‘Hace dos días atrás fue destruido en Tacna el último reducto del corrupto régimen anterior’. Se refería a los héroes defensores de Tacna.
Lo dijo Basadre, la decisión de Prado no fue acertada. Salió del país con autorización del Congreso descartando la fuga, pero en ningún momento lo acusa de traidor ni de ladrón; al viajar dejó esposa e hijos en el Perú, tres inmolados en la guerra. Tampoco lo acusó Cáceres, quien develó la placa en su mausoleo. La infamia continuó a través de gobiernos sucesivos, implantándose la leyenda negra en la sociedad e instituciones; siendo el Estado el responsable.
Actualmente, un congresista, Víctor García Belaunde, aprovechando su cargo público, utiliza la televisión estatal para divulgar su libro ‘El expediente Prado’, con el fin de desacreditar al general Mariano Ignacio Prado e incluyendo a sus hijos Justo, Grocio y Leoncio Prado, de quien pone en duda su entrega y heroísmo en el Combate de Abtao (2 de mayo de 1866) y su participación en la guerra independentista cubana; desmereciendo al historiador cubano César García del Pino y al Archivo Nacional de Cuba.
García Belaunde descarta ‘las joyas de la colecta’, o sea, desmiente la leyenda creada por Piérola. Al no tener argumentos, disfraza hechos poniéndolos como ‘contundentes e irrefutables’. Dice que los monitores Manco Cápac y Atahualpa fueron chatarra de la Guerra Civil americana. Pero esta concluyó el 9 de abril de 1865 y los monitores fueron terminados el 10 de junio de 1865. Nunca entraron en combate. Omite mencionar que la operación de esa compra fue asumida por el presidente Diez Canseco y ejecutada por su sucesor, José Balta.
De la hacienda Shismay (Huánuco) sostiene que en el siglo XVIII era una ‘chacra’ (pág. 37). Contradice la Resolución Directoral 942 del INC del 2008, que reconoce el valor histórico de dicha hacienda; qué interés tendría el INC en una chacra.
Gravísimo, también, el calificativo a la progenitora del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, a quien trata como ‘aventurera’ (pág. 265). Calificar de esa manera a la madre de un benemérito de la patria es una falta sin nombre. Tengo la obligación de defender el honor mancillado; tuve el orgullo de haber sido educado por el único hijo del héroe de Huamachuco, mi abuelo Leoncio Prado Pacheco.
Por estas infamias –ultrajes tipificados en el artículo 344 del Código Penal–, alzamos nuestra voz, como lo están haciendo otros descendientes. ‘El expediente Prado’ es una obra sin objetividad histórica ni rigor académico, carente de análisis. No puede formar parte de nuestro acervo histórico”.