Ideas y derivadas, por Juan José Garrido Koechlin

Entre los distintos tipos de ideas están las obviamente malas, como por ejemplo los controles de precios. Basta con que un producto o servicio esté limitado por ley a un rango para que se desencadene una serie de efectos nocivos: escasez, corrupción, incremento del precio en los mercados paralelos, entre otros.

Existen también aquellas que no son obviamente malas. De hecho, son hasta populares. Limitar, como hizo el segundo gobierno aprista, el sueldo de los funcionarios públicos, por ejemplo. Lo que ocurrió con la dichosa ley, como sabemos, fue una estampida de servidores públicos de calidad hacia el sector privado. ¿Era previsible? En realidad sí, a tal punto que muchos alertaron de ello en su momento.

Luego están las ideas que, aun siendo buenas en la teoría y en la práctica, requieren de ciertas precondiciones para su adecuada
implementación. Por ahí las instituciones no están preparadas, o la ciudadanía requiere de un consenso mínimo para aceptarlas e integrarlas en su día a día.

Este último es el problema central que enfrenta, por ejemplo, el proyecto sobre la bicameralidad que ha presentado el presidente
Vizcarra esta semana en el Congreso. Sin duda, la bicameralidad puede brindar aportes, como la mayor reflexión, la revisión por parte de otra cámara, y así. El problema de la bicameralidad, hoy, son las reformas políticas e institucionales por hacer, que como sabemos son muchas y muy complejas. Todas aquellas reformas pendientes, que requieren de consensos políticos para llevarlas a cabo, se podrían implementar de manera más sencilla bajo un sistema unicameral. Cierto, no ha ocurrido en estos últimos 18 años, pero no perdamos las esperanzas.

El segundo proyecto, el de la regulación del financiamiento privado a los partidos políticos, encaja en la idea de aquello que no es obviamente malo. Tiene sentido, es popular y habrá que ver cómo
llevar a cabo la supervisión del mismo. Una cosa es lo que dice la norma, otra es cómo actuarán frente a ella los afectados, y otra más si el Estado podrá efectivamente velar por el cumplimiento de la misma.

El tercer proyecto, aquel de la no reelección de congresistas es, como el control de precios, una idea que siendo popular es obviamente mala. No hay razón para creer que la no reelección impedirá el ingreso de impresentables, menos aún que la calidad legislativa mejorará; por el contrario, un legislativo repleto de novatos es una fórmula segura para el fracaso.

Debemos empezar a mirar las reformas y las políticas públicas en base a sus resultados, no en base a las intenciones de sus promotores, menos aún en base a la popularidad de las mismas. Legislar requiere no solo pensar en el efecto inmediato, sino –sobre todo– en los efectos colaterales y en el largo plazo. Prohibir la reelección de congresistas, por ejemplo, ¿que impacto tendrá en el largo plazo? ¿Acaso la propuesta contempla un cambio institucional que permita ampliar la base de potenciales legisladores sin experiencia previa, sin que ello melle la calidad legislativa?