El fiscal supremo Juan Carlos Villena no solo asumió ayer la conducción institucional del Ministerio Público para los próximos seis meses, en reemplazo de la suspendida Patricia Benavides. Villena también deberá tomar una decisión crucial como fiscal de la Nación: tendrá que pronunciarse sobre el contenido del informe que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder envió el miércoles de la semana pasada a la Fiscalía de la Nación, en el que detalla los hechos delictivos en los que estarían inmersos una serie de funcionarios públicos que, debido a su alto cargo, cuentan con un fuero especial por el que solo pueden ser investigados por una fiscalía suprema.
Dicho informe es el resultado de semanas de investigación del equipo especial luego de la Operación Valkiria V, llevada a cabo el pasado 27 de noviembre. De acuerdo con fuentes de la fiscalía, en él se describen los nombres de los congresistas y magistrados que también forman parte de la presunta red delictiva que encabezaría Benavides cuando ejercía el máximo cargo del Ministerio Público. Este informe fue alimentado por las declaraciones que dio recientemente Jaime Villanueva, ex hombre de confianza de Benavides, hoy convertido en colaborador eficaz. La gravedad de su contenido describe hasta qué punto llegaron las ambiciones de la suspendida fiscal de la Nación y de los intereses detrás del coro de políticos que la acompañaron durante su administración.
El equipo del fiscal supremo Pablo Sánchez, que reemplazó a Benavides el miércoles pasado pero declinó el lunes para cederle la posta a Villena, ha venido analizando el informe del Caso Valkiria. Pero será Villena quien tome la decisión final: si abrir o no investigación contra Benavides y los demás funcionarios aforados por graves delitos de corrupción. Una decisión que no debería de tomar mucho tiempo, dada la urgencia de la coyuntura y de la ofensiva de cierto sector del Congreso al tanto de las implicancias que supondría para ellos que una investigación de este tipo salga a la luz.
Antes de dejar el cargo, Sánchez quiso ordenar la casa: dispuso el regreso de la fiscal superior Marita Barreto en la jefatura del equipo especial y la reincorporación de la fiscal suprema Delia Espinoza. Sin embargo, el desafío mayor recién comienza y será Villena el encargado de conducirlo por el bien de su institución y de la imagen de la fiscalía frente al ciudadano. La tarea no es menor: hablamos de un caso que salpica directamente a magistrados dentro y fuera de la fiscalía, congresistas y demás políticos como nunca antes se había visto. Y eso, en un país como el Perú, es decir mucho.