Jubilación anticipada y clase política

La pregunta ácida no es a cuánto ascenderán los millones entregados por la flor y nata del empresariado a la mayoría de candidatos a la presidencia durante esta última década y media, sino cuántos de esos millones se quedaron en el camino, engordando los “fondos de emergencia” de tantos presidenciables. Recuérdese el millón de dólares que le ampayaron a Alejandro Toledo en una cuenta en Charlotte (EE.UU.), en el 2001. Pese al escándalo resultó elegido y lo demás es historia conocida. Precisamente a partir de esta suspicacia es que creo que los peruanos no volverán a ser tan laxos en este tema. No como hasta ahora.

Hoy el monstruo es mucho más grande de lo que imaginábamos (o de lo que estábamos dispuestos a ver, aceptémoslo), y por eso jubilará a gran parte –si no a toda– la clase política que ha participado en comicios electorales desde el 2006 en adelante. Afectará a todos, pero principalmente a la figura estelar de esta semana, Keiko Fujimori. Es muy probable que las declaraciones de Dionisio Romero Paoletti, Vito Rodríguez y otros ante el Ministerio Público sirvan para evitarle una condena por lavado de activos, pero también servirán para lapidar cualquier aspiración presidencial futura de la hija mayor de Alberto Fujimori. Primero, porque negó muchas veces lo que ahora ha empezado a admitir: la recepción de importantes fondos en efectivo y la instrumentalización de un mecanismo de “simulación” (‘pitufeo’) para legalizarlos. Así, su defensa legal dio un giro de 180°, deteriorando su credibilidad política al punto de que, desde mi perspectiva, la liquida.

Segundo, por la deficiente performance de la bancada de Fuerza Popular en los últimos tres años: no hay “legado” legislativo que defender. Y tercero, porque su base política –el fujimorismo– está hoy más dividida que nunca pese a los esfuerzos de Alberto por reencauzar el movimiento y apurar el regreso de Kenji. Su lista al Congreso, que buscará contra viento y marea hacerse de un espacio en el nuevo Parlamento, correrá con notoria desventaja luego de los últimos destapes.

Y aun cuando el Tribunal Constitucional libere en los próximos días a Keiko y le permita afrontar sus procesos en libertad, el desgaste es evidente. A eso deberá sumar que las circunstancias del millonario financiamiento privado que recibió en el 2011 y el 2016 (“¿Qué dio o gestionó a cambio de lo recibido?”, es lo que muchos se preguntan) harán que su recuperación política sea poco menos que imposible.

Es cierto: la legislación electoral vigente hasta mediados de año tenía tantos vacíos que favorecía el ingreso de fondos subrepticios. Por ello quienes debieron cambiar esas reglas de juego minimizando los riesgos y no lo hicieron pagarán las consecuencias políticas. Keiko Fujimori quizás sea la primera, pero no será la única. Esto recién comienza.