La guerra debe parar

No me refiero a los conflictos en Ucrania y Gaza. O, mejor dicho, no solo a esas dos guerras que desangran a parte de Europa y del Medio Oriente con un saldo terrible de muertes y desolación. Estoy pensando en nuestro propio conflicto interno en el Perú por el control (que supone la destrucción, en buena cuenta) de instituciones esenciales para la democracia: el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República y la capacidad del Ejecutivo para gestionar con un mínimo de eficacia la cosa pública.

Está claro que no están dadas las condiciones políticas para que se produzca una renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el recorte del mandato parlamentario. Así el Gobierno y el Legislativo vean reducida su aprobación a menos del 5%, lo anterior no va a ocurrir.

Pero también es un hecho que el país no aguanta 30 meses de esta guerra política y judicial mientras la corrupción y las economías ilegales avanzan, y la inversión privada a gran escala sigue detenida, con menos empleo y más pobreza.

La salida en el corto plazo es política, pero requiere liderazgo, legitimidad y “autonomía de vuelo” (para utilizar un término aeronáutico) de los que la presidenta Boluarte carece. Siendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, una de las pocas opciones a mano que tenemos es un recambio urgente en el Gabinete, empezando por un titular de la Presidencia del Consejo de Ministros con el mayor capital político posible, y en algunas otras carteras.

La oxigenación del Ejecutivo sobre la base de un liderazgo con autonomía de la propia presidenta podría permitir, de un lado, señalar una agenda mínima de reformas con el Congreso y, del otro, impulsar, junto con el Consejo de Estado y el Acuerdo Nacional, una serie de decisiones que detengan esta guerra de intereses sin cuartel en la que se ha convertido la disputa por el control de la Fiscalía de la Nación.

Los bandos en conflicto político y judicial deben entender que aquí no habrá ganadores definitivos y que las batallas a favor no son acumulativas. Más temprano que tarde, la ‘vendetta’ se hará presente y volveremos a lo mismo. Por ello, es imprescindible que los operadores de justicia entiendan que bloquear intereses de grupo y fortalecer criterios institucionalistas son las únicas vías para generar confianza en la ciudadanía. No este show grotesco que venimos observando.

La inercia debe romperse con iniciativa política. Ojalá exista.