La madre del cordero

La convulsión reciente tiene un tinte esencialmente político; sin embargo, es un buen momento para refrescar la discusión en torno de las demandas insatisfechas que hay en el país y su origen en la Ley de Descentralización, promulgada en el 2002, durante el régimen de Alejandro Toledo.

Recursos hay. El presupuesto para el sector salud, por ejemplo, se ha incrementado casi 3 veces en los últimos 10 años y la población no ha crecido ni 14%. El problema central es la paupérrima gestión de los recursos que nos ha conducido a la grave situación de disparidad que vemos, a pesar de las importantes cifras de crecimiento logradas desde 1993.

El esquema vigente transfiere autoridad y recursos a los gobiernos regionales y locales, pero no transfiere la responsabilidad (ni la capacidad) para ejecutarlos.

Veamos lo evidente: los gobiernos descentralizados son los que tienen a su cargo –en su mayoría– la tarea del gasto de los recursos que reciben, pero nadie exige una rendición de cuentas por la calidad y el destino de ese gasto. Esto genera absoluta incapacidad para, con esos recursos, traducir las demandas en soluciones.

La transferencia de recursos a las regiones no debe ser mecánica. Deben intervenir las entidades rectoras de cada sector para convenir con las regiones el destino del gasto, objetivos, plazos e indicadores de gestión para determinar eficiencias y eficacias.

Por un lado, los gobiernos regionales y locales no cuentan con las herramientas para ejecutar efectivamente lo que se demanda en un período. Por el otro, no existen indicadores institucionales y estandarizados sobre la calidad de las inversiones subnacionales. Elevar la transparencia sobre cómo se administran los recursos es esencial para romper esta triste inercia.

Como no existen estos mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, llueve la plata para las autoridades elegidas y sus amigos, y se instaura la corrupción cotidiana. De 25 gobernadores regionales elegidos para el período que recién terminó, 21 están investigados por corrupción. Ocho de ellos no lograron culminar su gestión por haber sido detenidos. Vieja historia, mismos resultados.

Hoy tenemos nuevas autoridades regionales que, dicho sea de paso, acumulan también un gran número de acusaciones por corrupción. Algunos de estos nuevos gobernadores se han unido a la protesta contra el gobierno central cuando, en los últimos 20 años, los responsables directos de satisfacer las necesidades de sus regiones han sido los propios gobiernos descentralizados. Ellos no están exentos de responsabilidad. Los peruanos tenemos que saber a quién mirar para exigir derechos. Y ya que la palabra ‘reforma’ está tan presente en la discusión pública, pensemos en la urgencia de reformar este esquema de regionalización que, a todas luces, ha fallado.