Rodrigo Cruz

Una muestra de la irreparable hipocresía y deterioro de nuestra clase política (y aquí hablo más del Congreso que del Gobierno) es lo ocurrido con el escándalo de los en la de noviembre del año pasado. En cualquier país que se precie de ser intolerante a la corrupción y buscar ser menos impune, la denuncia de que oficiales de la policía pagaron US$20 mil al presidente a través de sus escoltas para alcanzar el grado de general hubiera ocasionado algún tipo de reforma desde el Legislativo para evitar que esto vuelva a suceder. Pero aquí es como si no hubiera pasado nada. Ya no digo que ello le cueste el cargo al jefe del Estado (mientras una mayoría de congresistas lo siga protegiendo, no hay mucho más que hacer), sino que la gravedad de los hechos impulse, al menos, una propuesta de cambio que evite que los ascensos en la policía sean vistos como botín por el Ejecutivo. Pero parece que son corruptos que a nadie le importan.

El caso de los sobornos en la PNP es uno de los más graves que enfrenta el presidente Pedro Castillo. Y mientras pasan los días, la afrenta es mayor. En la actualidad, tenemos a generales PNP que están en sus puestos no por sus méritos, sino por el monto que desembolsaron; perpetuando así el mensaje de impunidad para los oficiales de menor rango. Además de las evidencias de que se llevó a cabo un proceso irregular de ascensos, fue el mismo Bruno Pacheco, ex hombre de confianza del mandatario, quien reconoció ante el equipo especial de la fiscalía que al menos diez oficiales pagaron coimas.

Ahora bien, en vista de la inercia del Parlamento, la historia va camino de repetirse. El fin de semana advertimos en este Diario que ya comenzaron los ascensos de este año, con algunas modificaciones, pero con la misma opacidad de siempre. En palabras del ex subcomandante general de la PNP, Javier Bueno, quien fue el primero en denunciar que algo andaba mal en el proceso del año pasado, este año se ha hecho prácticamente un “copia y pega” de las directivas que permitieron el escándalo por el que hoy se investiga al presidente. Y eso es gravísimo. Le permite al Gobierno, casi un año después, colocar nuevamente a generales de su conveniencia.

¿Y por qué no se hace nada? La respuesta, tal vez, está en que todos se benefician de este fango. Tener a un general corrupto como aliado termina siendo un buen negocio para congresistas igual de sinvergüenzas. Por eso, nadie se compra el pleito. Por eso, las cosas están como están y, por eso, también nos está ganando la delincuencia. Estimado(a) lector(a), la próxima vez que se pregunte por qué su barrio es cada vez más inseguro, tenga en cuenta lo recién leído, antes de que le vendan cuentos.

Rodrigo Cruz es periodista

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