Los otros

Desigualdad. Esa es una palabra que no les gusta a los que defienden el sistema económico imperante. Ellos parten del principio de que las reglas del mercado deben funcionar para todos y que si cada ciudadano se esfuerza está en capacidad de salir adelante por sus propios medios.

Sin embargo, este año que se nos va demostró que los reyes del libre mercado hacían trampa para repartirse las licitaciones, violando el principio más elemental de la competencia: el que formaba parte de la mafia del ‘club de la construcción’ recibía su obrita con todos los beneficios del caso, el que no, pues chau. Este año, lleno de destapes y revelaciones, descubrimos que el dueño del banco más grande del país (BCP) le había donado a Keiko Fujimori, por lo bajo, más de 3 millones de dólares, y que con ese gesto protegía un modelo económico que le funcionaba a él. Este año de cierres del Congreso y pleitos de fiscales, se hizo evidente que ante un desacuerdo entre las empresas y el Estado, los abogados más renombrados torcían sus sentencias al servicio de sus clientes, zurrándose en la transparencia y el respeto de las reglas de juego. En el ámbito económico quedó clarísimo que los que quieren vivir en un país que crezca económicamente gracias al esfuerzo de los privados, fueron los primeros en petardear el sistema, denigrándolo, prostituyéndolo.

Pero además de esta desigualdad está la otra: la de vivir en un país escindido por la discriminación racial y social, por el ninguneo de sectores mayoritarios que no tienen cómo influir para que sus condiciones de vida mejoren. Por ejemplo, buena parte de los responsables de estos delitos de compraventa de privilegios están cumpliendo prisión preventiva. La medida es dura y en algunos casos excesiva; pero es tan ridículamente desigual el Perú que recién hoy caemos en la cuenta de que puede ser exagerada. Recién hoy el asunto es un tema de interés nacional, cuando en realidad durante años se ha metido a la cárcel antes de un juicio a ladrones de poca monta, a delincuentuchos, a paqueteros que han esperado meses sin que exista sentencia en su contra. En 1995 el 80% de los presos no tenía sentencia, a comienzos de siglo la cifra disminuyó a 60%, hoy está en 39%; es decir, cuatro de cada diez presos están en las mismas condiciones que nuestros líderes políticos, empresariales y demás poderosos.

¿A alguien le preocupó alguna vez que un chico de 19 años estuviera preso por robar un celular antes de que se probara su culpabilidad? ¿O que encerraran sin juicio a una madre de cinco niños atrapada vendiendo paquetitos de droga? No, a nadie. Porque los mismos que se ocuparon de acrecentar la desigualdad con sus actos de corrupción hoy lo hacen reclamando un derecho para ellos, no para los cientos y miles de peruanos que han sido víctimas de las mismas medidas, sin que a nadie le importara un pepino.