Minero de socavón, minero “de lujo”, por Carlos Meléndez

El 16 de enero de este año, un huaico inundó la mina Las Gemelas en Caravelí (Arequipa) y atrapó a siete mineros (nombres omitidos intencionalmente). Al día siguiente, uno pudo salir por sus propios medios. Hasta la fecha, ninguno más.

Aunque inicialmente el suceso recibió la atención de la opinión pública (incluyendo un tuit del presidente Kuczynski), las labores de rescate fueron abandonadas a los pocos días, en medio de la displicencia y la descoordinación de las autoridades estatales. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha notado severas irregularidades alrededor del caso: el mal diseño del socavón, el ineficiente rol de autoridades estatales y el posterior amedrentamiento a los familiares de las víctimas, quienes incluso han sido amenazados de muerte. Sin embargo, parece no importarle al establishment político y mediático. “Se trata de mineros de socavón”, pareciera ser el mensaje.

El 2 de marzo, la Presidencia del Consejo de Ministros oficializó el nombramiento del abogado Javier Fernández-Concha Stucker como viceministro de Gobernanza Territorial. Fernández-Concha fue gerente de la minera Sulliden Shahuindo, cuya concesión minera (Cajabamba) está plagada de mineros informales. No cuenta con experiencia en gestión estatal y –sobre todo– practica una prédica de radical prominero (los conflictos medioambientales son causados por “azuzadores” que manipulan a “pobladores”). Desde su estudio de abogados, ha desarrollado habilidades para la negociación, pero su procedencia “minera” lo deslegitima ante las funciones mediadoras que tendrá que cumplir. En vez de otorgar mayor peso político a Rolando Luque –jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad–, el gobierno opta por un minero “de lujo”. Se piensa en el trabajo de gabinete y no en pisar el terreno. Si la minería es tan importante para el país –como sostienen sus defensores–, ¿por qué se cometen tantos errores en su nombre?

Si bien es cierto que la discriminación social es una tara estructural de la sociedad peruana, las decisiones políticas de este gobierno la potencian. Ya en anteriores oportunidades he subrayado la falta de “inteligencia social” del Ejecutivo. La continuidad de errores justifica el prejuicio de una gestión amurallada en su burbuja limeña, centralista, blanca, tecnocrática, huérfana de sentido político y de tacto social. La caída en picada de la aprobación presidencial se explica –también– en los profundos desencuentros provocados desde Palacio de Gobierno.

En un sector tan prioritario para el establishment como la minería, se reproducen las distancias sociales que alejan a las mayorías de sus representantes. ¿Por qué entonces la vida de un minero de socavón se ignora con tanta inclemencia? ¿Por qué el CV de un “minero de lujo” se valora excesivamente cuando se trata de un perfil profesional inadecuado para lidiar con la conflictividad? No parece haber más respuesta que la discriminación clasista interiorizada en las mentes de quienes toman las decisiones trascendentales. Así, este gobierno aleja más la posibilidad de una integración social. Sus sueños de OCDE se esfuman con su propia indiferencia.