¿Una norma para caminar?, por Fernando Cáceres

En los últimos días, el nuevo alcalde de Miraflores ha sido objeto de sendas críticas por la ordenanza que regula el uso de espacios públicos por peatones y vehículos de micromovilidad (scooters, bicicletas, etc.). La ordenanza no es un hecho aislado, sino parte de una arraigada tradición peruana por regularlo todo. Incluso lo que no se puede hacer cumplir.

Multar a los conductores de vehículos de micromovilidad que transiten con audífonos (nueva ordenanza de Miraflores), multar a los peatones que crucen las pistas intempestivamente (reglamento nacional de tránsito), o multar a quienes dejan entrar a los repartidores de delivery a los edificios (propuesta de Surco) son algunos ejemplos de normas que requerirían una exorbitante cantidad de recursos para hacerse cumplir.

En defensa del alcalde de Miraflores, y del resto de funcionarios públicos, debo decir que en el Perú es mucho más difícil para las autoridades ordenar la convivencia. Por un lado, nuestro sistema de justicia es tan lento, impredecible y corrompible que las personas no contamos con que, si alguien nos causa un daño, deberá indemnizarnos. Menos con que encerrarán a quien comete un delito contra nuestra vida o propiedad.

Por otro lado, las normas sociales aquí no suelen ser de ayuda para autorregularnos, a diferencia de lo que pasa en otros países. Por normas sociales se entiende a las prácticas ampliamente valoradas por una comunidad, para convivir pacíficamente respetando a los demás. Incumplirlas atenta contra los valores del grupo, y suele generar rechazo en el entorno.

Por ejemplo, en Alemania no echar basura a la calle; ceder el asiento a personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores; y no hacer ruidos molestos de madrugada son normas sociales. Pero difícilmente lo son en el Perú. Mientras allá no se necesitan leyes para que se cumplan, acá sin normas legales muy pocos las cumplirían.

La actitud de las autoridades es comprensible. ¡Necesitan mostrar que algo están haciendo para ordenar el tráfico o luchar contra la inseguridad! Y por nuestro particular contexto, sin sistema de justicia ni normas sociales, terminan aprobando leyes poco pensadas y absurdas, como su respuesta a hechos mediáticos de público conocimiento. Este es el caso, por ejemplo, del atropello con un scooter en una vereda en San Isidro, que gatilló la comentada ordenanza de Miraflores.

Como señala Richard Epstein, el riesgo de normas muy costosas de hacerse cumplir y normas percibidas como injustas por la ciudadanía, es que terminan deslegitimando todo el principio de autoridad. En otras palabras, afectan tanto la legitimidad de la autoridad de cara al cumplimiento de la ‘norma absurda’ y de todas las demás.

De hecho, en los últimos días ya se han visto varios ejemplos de personas ufanándose de realizar ‘desobediencia civil’ en Miraflores. No es irrelevante la aprobación de este tipo de norma. Mella el Estado de derecho. Necesitamos menos normas y que sean fiscalizables.