Nueva constitución y salto al vacío, por Pedro Tenorio

Más urgente que reformar o cambiar la Constitución es tener un Estado eficiente. Y más urgente que mirar a Chile y sentir que hay que estar a la moda es saber cuánto nos va a costar a los peruanos la pandemia –especialmente a los de menos recursos–, algo que a estas alturas de la crisis nadie sabe. Nadie.

Sin embargo, es evidente que la campaña electoral tendrá un subcapítulo llamado “reforma constitucional”. Esta semana, Chile tomó una decisión trascendental apoyada por un 78% a favor de reformar su Carta Magna, y de inmediato surgen voces exigiendo hacer lo mismo en el Perú.

Agitar la bandera de una “nueva Constitución” es atizar un debate inoportuno y falaz. Inoportuno porque en medio de una pandemia (que no sabemos cuándo acabará) y de la necesidad de impulsar decisivamente la actividad económica, generar millones de empleos y recabar impuestos –cuya recaudación sigue cayendo producto de la crisis–, una reforma constitucional agitaría tanta incertidumbre que paralizaría cualquier esfuerzo de recuperación económica. Un proceso así alteraría las reglas de juego afectando la estabilidad jurídica: muy pocos invertirían un sol a la espera de que el horizonte se aclare, lo que podría tomar tres años entre que se convoque a una Asamblea Constituyente, se la elija, sesione y concluya su trabajo (el mismo que sería sometido a consulta popular), como proponen los más entusiastas. ¿Podemos darnos el lujo de paralizar al país por ese lapso? Imposible.

Y es falaz cuando se afirma que resulta intolerable vivir “bajo la Constitución de Fujimori”, y que “lo digno es cambiarla”. La carta de 1993 no es perfecta y por ello cuenta con mecanismos para su reforma, pero eso es muy distinto a plantear su completa abolición. Recuérdese que fue fruto de un Congreso Constituyente Democrático (CCD) elegido con participación de la mayoría de partidos vigentes a noviembre de 1992 y que, tras redactarla, continuó en funciones legislativas hasta julio de 1995. Nadie ha cuestionado la legitimidad de las leyes aprobadas durante esos años, ¿por qué hacerlo ahora respecto de una Constitución que la mayoría aprobó vía referéndum?

Hacerlo por razones ideológicas o con miras a la elección de abril es irresponsable. El gobierno de Fujimori y Montesinos cometió abusos, latrocinios y atentó contra la democracia durante una década, pero la Constitución de 1993 sentó las bases de un manejo responsable del Estado y de la economía. Nada justifica optar en este momento por un proceso constitucional cuyo resultado sería incierto, con un país tan golpeado por la pandemia y con graves problemas estructurales que urge atender, sí, con reformas de fondo.