Estamos haciendo ‘crack’. La crisis toca fondo y se agrava por la ausencia de un plazo electoral. En el 2020 sí lo teníamos y la indignación que provocó el gobierno de Manuel Merino se arregló en pocos días con una revuelta limeña. Lima la fregó y Lima arregló el entuerto. Pero ahora, en Lima, no está la solución. Los brotes de violencia se esparcen por el país.
Dina Boluarte no previó nada y tiene un gabinete muy técnico para una coyuntura que requiere tanta política. Entró rompiendo la promesa de irse si vacaban a Castillo y, para remate, juró hasta el 2026. Pudo ser Dina la desprendida y fue Dina a la que le doblaron el brazo al tercer día. Pero tiene capacidad de corregirse. Ojalá no demore en dar mensajes a la nación persuasivos de calma, didácticos y explicando por qué no puede cerrar el Congreso mañana ni renunciar a tontas y locas, sino tras un plazo de meses que permita organizar una elección.
Hay una narrativa –yo mismo la he coreado– de que el adelanto de elecciones tiene que darse necesariamente con reformas que nos permitan elegir mejor en el futuro y, por eso, no puede ser tan pronto. Yo depondría esa narrativa que se estrella contra el profundo rechazo popular al Congreso y la dejaría en la expresión de un buen deseo. Mejor decirlo así: que, si hay voluntad, consenso y tiempo, se hagan las reformas que se puedan junto con la necesaria reforma de la fecha electoral (el adelanto en sí). Ello es posible durante el 2023.
La gran reforma política es un bien esquivo que se esfuma en la realidad de cada Congreso. Este mismo Parlamento, sin presión popular, intentó meses atrás una reforma que quedó en suspenso, porque no logró los votos suficientes para ejecutarse sin referéndum de por medio. Incluía la bicameralidad que anhelamos muchos. Quienes lideraron el proyecto de la bancada fujimorista prefirieron no plantear un referéndum porque ello hubiera avivado el reclamo de democracia directa detrás de los pedidos de asamblea constituyente.
En una coyuntura como esta, salvo la violencia, no hay que descartar ninguna alternativa para encauzar la crisis institucionalmente. La asamblea constituyente sería una vía, pero no veo que sea una demanda que cale en quienes protestan. La izquierda que la enarbola tiene una débil convocatoria y no ha logrado popularizar su cantaleta. En Chile, la llamada Convención Constitucional encauzó el estallido social del 2019, aunque su resultado se fue al agua cuando no se ratificó en referéndum. Sin embargo, si fuera una demanda masiva que sirva para encauzar el conflicto, bienvenido su debate. El adelanto de elecciones generales se ha confirmado como la mejor salida. A consensuarlo, definirlo, explicarlo y organizarlo lo mejor posible.