‘Shock’ de confianza

Con la confianza del consumidor en terreno negativo en setiembre, según el último reporte del Índice de Confianza del Consumidor (Indicca), debido a la percepción de una economía paralizada, con un resultado de crecimiento negativo para el 2023 y con una perspectiva de evolución del PBI cercana a cero para el 2024, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debería concluir que el formato del “piloto automático” no será suficiente para llegar al 2026.

El dique político instalado en el Congreso, alimentado por el incentivo del “nos quedamos todos como sea”, no alcanza. Por una sencilla razón: el deterioro económico (pérdida de ingresos o empleo), el impacto del fenómeno de El Niño (FEN), la degradación de los servicios públicos ya venidos a menos (salud y educación) y el agravamiento de la inseguridad ciudadana pese al efectismo exhibido son bombas de tiempo de corto plazo, ni siquiera de mediano.

Son las propias cifras oficiales las que alertan sobre esta gravedad. El contralor general de la República acaba de informar, por ejemplo, que a mediados de octubre solo se ha ejecutado el 19% del presupuesto total asignado para la prevención del FEN (S/4.116 millones). El caso del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es de terror; siendo la entidad que más recursos recibió (S/1.195 millones) no ha ejecutado ni el 10%. Nelson Shack agrega que la oportunidad de la prevención ya pasó y que ahora la preocupación debería estar centrada en mitigar el daño a los damnificados, entre ellos, agrego yo, las empresas.

No hay novedad en el frente: el drama del Perú no son los recursos, sino las capacidades del Estado en todos sus niveles de transformar la plata en obras o sistemas de atención al ciudadano de forma sostenible. Hace poco, el ministro de Salud alardeaba de una millonaria transferencia para el sistema primario de atención en el ámbito nacional. La pregunta viene sola: ¿qué hacemos con las postas e incluso hospitales que no tienen personal médico y enfermeros capacitados, medicinas, Internet o la tecnología básica para atender 24/7 los 365 días del año a sus usuarios?

Algo similar se puede decir de las comisarías.

Vuelvo al punto. Es iluso pensar que el Gobierno podrá resolver lo anterior en los 33 meses que le quedan. Pero sí es realista dudar de que complete el período sin al menos liberar las fuerzas de la inversión privada, vía un ‘shock’ promotor de la misma, que palíe el estancamiento económico.

Dar confianza es una decisión política, no técnica.