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Ha sido interesante en estos últimos días escuchar desde el Gobierno, sobre todo de los que parten del sector Interior, los argumentos para defender la controversial propuesta de crear –lo más pronto posible– la Policía de Orden y Seguridad. De hecho, los más entusiastas, como el ministro Vicente Romero, recalcan los beneficios que habría si esta, pisando a fondo el acelerador, se convirtiese en ley en setiembre de este año, y empiezan a lanzar números al aire respecto de la cantidad de policías de esta nueva categoría que se sumarían en la lucha contra la delincuencia común el próximo año.
Por supuesto, todo esto lo hacen para conectar con ese justo clamor ciudadano que es poder vivir en un país donde no te maten por robarte un celular y, de paso, subir unos puntos en las encuestas. Sin embargo, lo que están haciendo es irresponsable. Están creando falsas expectativas, cayendo en la demagogia, impulsando una propuesta que, siendo realistas, tomará varios meses en implementarse (primero debe pasar por el filtro del Congreso) y nada asegura que, al final, terminará siendo la panacea que pregonan.
Esto lo saben, por supuesto, pero, a pesar de ello, lo hacen. El guion elemental de un populista consiste en dar respuestas fáciles a demandas complejas. El primero en dejar en claro esas intenciones (sacar más policías porque sí) fue, involuntariamente, el primer ministro Alberto Otárola, cuando dijo la semana pasada que los llamados ‘Nini’ (los jóvenes que ni estudian ni trabajan) serán los captados para esta iniciativa. Mientras tanto, problemas más profundos como la carencia logística y de infraestructura de las comisarías, la alta rotación del personal policial que perjudica la especialización, los casos de corrupción e impunidad, entre tantos otros, son dejados de lado. Y eso sin mencionar el ámbito político, donde la cartera del Interior es la que más cambios de ministros ha tenido.
Como mencionaba la semana pasada, el tema principal no pasa por sumar como sea la mayor cantidad de policías junto con serenos en las calles. El tema no pasa por convertir al país en un Estado policial. Es la desconfianza que siente la ciudadanía hacia el uniformado lo que se debe atender. Se trata de pensar en aquel ciudadano que va a la comisaría y siente que su denuncia no es escuchada y luego vuelve a casa creyendo que ha perdido el tiempo. Y esto, pues, no se soluciona proponiendo una nueva categoría policial, sino haciendo una reforma integral, convocando a otros sectores del sistema de justicia y gestionando mejor los recursos de la PNP. Lo demás es dar respuestas fáciles, caer en la demagogia y crear falsas expectativas entre una ciudadanía que clama, con toda razón, por vivir en un país más seguro.