Contando más y más cadáveres

Unos audios difundidos la semana pasada de un grupo de policías clamando auxilio a sus superiores para que les enviaran refuerzos y armamento no letal a Juliaca –que dejó solo en un día el trágico saldo de 17 civiles fallecidos y más de 70 heridos– expone no solo la falta de liderazgo del alto mando y la pésima manera en que se llevó a cabo el operativo de contención de las protestas en Puno, sino que también desnuda, una vez más, que aquí hay algo urgente que se debe mejorar en la PNP. Pero, a pesar de los muertos, no solo de este año, sino de eventos anteriores, a ningún gobierno parece importarle.

Me explico. En febrero del 2021, luego de que ocurrieran las marchas contra el régimen de Manuel Merino en el que fallecieron los jóvenes Bryan Pintado e Inti Sotelo, en este Diario publicamos un detallado informe sobre cuántos efectivos estaban debidamente capacitados en derechos humanos y uso de la fuerza. Es decir, con cuánto personal cuenta la policía que sepa utilizar como es debido su armamento letal y no letal como establece la Ley 1186 y sus procedimientos. Para ello, entrevistamos a una decena de oficiales y suboficiales PNP, personal especializado y profesores que dictan o dictaron clases en las escuelas de formación. El promedio que hallamos fue alarmante.

En aquel entonces, señalamos que solo uno de cada 1.400 policías (si consideramos que la totalidad del personal es de 140.000) puede decir que está correctamente capacitado. De hecho, el número puede ser peor si tenemos en cuenta que en la PNP no existe un registro oficial que diga con exactitud cuántos efectivos recibieron de manera oportuna estos cursos ni el número de cuántos instructores, que son los encargados de capacitar permanentemente a sus colegas, hay. Cifras que denotan el desinterés que existe por implementar una política institucional en el empleo del armamento letal y no letal cuyas falencias se reflejan en cada nueva manifestación significativa que estalla.

Pasaron las marchas contra Merino y no se aprendió nada. Al contrario, llegó el gobierno de Pedro Castillo, que encontró en la PNP un terreno fértil para la corrupción y la impunidad. Pero esta falta de preparación es solo una arista del problema de la crisis nacional que vivimos. Se debe tener en cuenta también la precaria e indolente respuesta política del gobierno de Boluarte contra los azuzadores y violentistas que aprovechan las justas demandas de un sector de la ciudadanía para imponer su agenda, etc. Dejar la solución del conflicto al uso de la fuerza de la policía no será la solución de nada. Lo único que generará es que sigamos, lamentablemente, contando más y más cadáveres, que al cierre de esta columna ya suman los de 41 manifestantes y un policía.