¿En qué institución del estado cree usted que se concentra la mayor cantidad de brutos e ignorantes del país? Si le preguntáramos eso al peruano “de a pie”, está más que cantado que la respuesta mayoritaria sería: en el Congreso, ese lugar infausto donde –Abugattás dixit- “se concentra lo peor del género humano”. ¿Y qué sería de las primeras planas de nuestra prensa sin esa fuente inagotable de titulares delirantes que es la fascinante, oceánica, infinita estupidez congresal? Los parlamentos de los últimos gobiernos, en general y, muy en particular, el actual, rebosan de espeluznantes ejemplos de lo que puede ocurrir con tus 130 empleados si los eliges –a ojos cerrados- para una chamba súper bien pagada y repleta de privilegios sin exigirles, a cambio, ningún estudio, ningún requisito para aspirar al puesto. Ni siquiera saber leer y escribir. Como es obvio, al no existir ninguna clase de filtro educativo, inevitablemente se te colará una importante cantidad de equus africanus asinus, es decir: jumentos, donkeys, piajenos. Es decir: borriquitos que pronto convertirán el hemiciclo en un establo. Borriquitos como tú que no saben ni la u.
Una vez empoderados y ensoberbecidos, dichos asnos querrán apostrofarnos, enceguecernos con su erudición, escuelearnos dictando docta cátedra acerca de todo lo humano y lo divino. Decidir, por ejemplo -¿qué sabe el burro de alfajores?- el destino de…¡nuestra educación superior! Así, el estafador que falsificó un título de bachiller en su hoja de vida y la arribista pendejereta que nos hizo creer que había terminado el cole alzarán la mano y votarán y –junto a otros diversos especímenes del ganado lanar y caballar- decidirán que la libertad de pensamiento y de crítica de los estudiantes se someta a una vigilancia policíaca del Estado. Que los catedráticos estén obligados a tener una maestría. Que un egresado no pueda terminar una carrera en otra universidad que no sea aquella en la que estudió. Que para ser bachiller tengas que presentar una tesis y hablar otro idioma.
Decidirán también si se disuelve la Asamblea Nacional de Rectores para reemplazarla por una Superintendencia, es decir, por un comisariato intervencionista sometido al poder político de turno, integrado por dos miembros del gobierno y cinco intelectuales nombrados “por concurso público” (o sea, cinco de sus intelectuales engreídos). Que la calidad de la enseñanza en las 139 universidades del país sea “evaluada” a fondo. ¿En serio? ¿Evaluada con qué criterios? ¿Evaluada por quiénes? ¿Por cachacos que, si alguna vez entraron a una universidad, fue a bordo de una tanqueta? ¿A quién beneficia que el gobierno meta sus narices en lo que estudiamos o dejamos de estudiar?¿Alguien duda de que César Hildebrandt –que no tiene maestría ni licenciatura porque no lo estudió- podría dictar cátedra de periodismo? ¿Ya no tendrá derecho a graduarse en una universidad menos cara el estudiante al que no le alcanza para pagar su pensión? ¿O a llevar solo un par de cursos porque trabaja todo el día? ¿Y con qué plata va –encima- a estudiar un idioma hasta dominarlo? Esta ley universitaria es la más patética consecuencia del analfabetismo funcional. ¡Rebuznad, asnos, rebuznad!