Fernando Vivas

Bienvenidos documentos y trascendidos que nos enteran de que Pedro Castillo está cercado por investigaciones penales. Celebro que el proyecto de ley mordaza, trabajado por su operador, el ministro de Justicia Félix Chero, y con complicidad del primer ministro Aníbal Torres, no haya tenido eco en el Congreso y se haya desinflado.

A pesar de estas posiciones de principio, me preocupan algunas de secretos de las últimas semanas. ¿Por qué? Porque –sin que ese sea el objetivo de los medios que las difunden y de todos los que las rebotamos– pueden alertar a los delatados. Los hermanos David y Walter, hermanos de la primera dama Lilia Paredes Navarro, que han transferido S/90 mil al empresario Hugo Espino (disparando la hipótesis de que, entre otras funciones, este cumpliera un rol de testaferro de la familia nuclear presidencial); el abogado Álex Starost, que prácticamente confesó ser operador palaciego ante el caso del Puente Tarata; Beder Camacho y Eder Vitón, ambos del despacho presidencial, y otros, son ampliamente informados por los medios sobre el avance de investigaciones que los podrían llevar a prisión.

El propio Juan Silva, el exministro de Transportes imputado por comandar la trama corrupta en el MTC, desapareció justo después de que se supiera la magnitud de las delaciones y pruebas aportadas por Zamir Villaverde. ¿Qué hacer frente a los efectos indeseados de las filtraciones? De ninguna manera, mordaza. Ni siquiera les recomendaré al Ministerio Público y a la PNP que afinen su sistema sancionador de los filtros.

Por el contrario, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su numeroso equipo tienen que trabajar bajo el supuesto de que las filtraciones se darán. Y ser más ágiles en gestionar las medidas cautelares contra los involucrados, desde el impedimento de salida hasta las detenciones preliminares y prisiones preventivas. Benavides, si no lo ha hecho ya, debe conseguir que Elvia Barrios, la cabeza del Poder Judicial, afine la atención de los pedidos fiscales.

El impedimento de salida es una herramienta necesaria, pero insuficiente. Muchos prófugos, como Pacheco, se refugian en el país. No sabemos si Silva está en el Perú, pero es lo más probable. Pocos pueden mantenerse clandestinos fuera de su país. A propósito, recordemos que Migraciones tiene la discrecionalidad de establecer alertas informativas en todos sus puestos fronterizos y aduanas de vuelos internacionales. Lo hicieron con el propio Silva, antes de que la fiscalía gestionara una tardía orden de captura.

Hoy tenemos más esperanzas puestas en el aparato judicial que en el Congreso para apurar la salida a la crisis. El Congreso solo podrá operar cuando el volumen de las delaciones, escándalos y pruebas sea tal que hasta oficialistas y ‘niños’ se sumen a la vacancia. Que sigan las filtraciones, pero con precauciones.

Fernando Vivas es columnista, cronista y redactor