Un chapuzón con ola

No sé qué me causó más vergüenza ajena. Ver a Susana Villarán disfrutando de un chapuzón en la piscina de la casa de su hermano en la que cumple comparecencia con restricciones o la reacción, desesperada, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de fijar audiencia para el próximo 14 de marzo.

Otro ejemplo más, de los miles que existen, respecto de la alta influencia que ejercen los medios y la política en las decisiones judiciales, pero también del grado de lentitud que los jueces exhiben.

En uno de los tres procesos que afronta Villarán, las investigaciones ya llevan seis años, y se proyecta que, al ritmo que van, y tal como acaba de editorializar El Comercio, el juicio oral se inicie recién en el 2025, es decir, 10 años después de la supuesta comisión de los delitos. Pese a que ella misma reconoció en el 2019 la comisión de estos siendo alcaldesa.

Es cierto que la carga procesal es un tema irresuelto en la administración de justicia, en contraste con decisiones céleres, como el caso de algunas prisiones preventivas, que, en este contexto de procesos largos e inacabables, a todas luces resultan penas adelantadas.

Junto con el tema de la lentitud del sistema, la capacidad e independencia real de jueces y fiscales es lo que salta como los factores más preocupantes, pensando en la necesidad de una reforma de la que todos hablan, pero nadie pone en marcha.

Así como la presión mediática es un factor que puede distorsionar una administración de justicia con mínimas garantías de imparcialidad, también existe la utilización dirigida y concertada de los medios de parte de jueces y fiscales con objetivos personales o políticos. Es un círculo vicioso que ha de seguir retroalimentándose mientras no existan límites, y los incentivos perversos de uno y otro lado se mantengan.

Natale Amprimo, en estas mismas páginas, acaba de apuntar al punto neurálgico para romper esta trama de corrupción, cooptación y uso pernicioso de la justicia: las personas. Mientras sus operadores (jueces, fiscales, procuradores, abogados) no sientan la necesidad de cambiar su modus operandi (ya que el sistema actual sigue rindiendo frutos), nada va a cambiar.

Atraer a los mejores es todo un reto (aplicable a toda la administración pública, dicho sea de paso). Lo que parte por asegurar una promesa de reconocimiento (en todo sentido) del valor que tiene administrar justicia.

Firma esto el nieto de un juez.