Un desmedido allanamiento fiscal, por Rodrigo Cruz

Como era de esperarse, lo ocurrido el lunes de la semana pasada contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel generó amplias muestras de solidaridad y una ola de críticas hacia la abusiva sentencia del juez Raúl Jesús Vega, promovida por César Acuña y sus abogados. Estaba claro: lo sucedido, además de ser una vergonzosa decisión judicial –se lleva de encuentro, por ejemplo, jurisprudencia internacional como la del reporte fiel–, se constituye como una amenaza a la libertad de expresión y a la labor periodística.

Pero eso no ha sido lo único que pasó en estos días que debe ser motivo de preocupación y rechazo. El pasado 8 de enero, a las 4:30 de la madrugada, un numeroso grupo de fiscales y policías allanó los domicilios de los periodistas Pedro Salinas y Janet Talavera, en los distritos de Mala y Pueblo Libre, respectivamente. La diligencia duró más de cinco horas y, como resultado, se incautaron sus celulares y demás equipos electrónicos. El responsable de aquella operación fue el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

La fiscalía anticorrupción actuó con una severidad que nos hubiera gustado ver en casos como Los Dinámicos del Centro, que llevan más de cien días prófugos de la justicia. E incluso, para no perder el rastro de los mencionados, el fiscal dispuso que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) siguiera sus movimientos por varios días. En otras palabras, ordenó un reglaje como si se tratara de una peligrosa organización criminal.

Como ha informado IDL-Reporteros, que ha detallado en una publicación la defectuosa investigación de Abia, el operativo responde a una denuncia por presunta colusión a raíz de una consultoría de S/17 mil que entre diciembre del 2017 y enero del 2018 realizó la empresa Chisac –entonces propiedad de Salinas– al Ministerio Público, que tenía a Talavera como su jefa de prensa. La investigación ya había sido archivada en el extremo del fiscal Pablo Sánchez, en mayo del año pasado, pero la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso que continuaran las investigaciones contra el resto.

Llama la atención que esto pasa justo cuando en unos meses se debe elegir al sucesor de Ávalos (es público que Talavera trabajó muy de cerca con el fiscal Pablo Sánchez, que posiblemente sucedería a Ávalos hasta que se nombren a los nuevos fiscales supremos). También es cuestionable el desmedido allanamiento y todo el despliegue utilizado, a menos que la intención haya sido acceder a los celulares y computadoras de los periodistas por razones ajenas a la investigación. Salinas, se sabe, trabaja en un nuevo libro sobre el Sodalicio y Talavera es asesora del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. En definitiva, esto genera un pésimo precedente que no debe de pasar desapercibido.