Por más argucia legal que le quiera encontrar, lo que está haciendo el ministro del Interior, Willy Huerta, es claro: pretende descomponer la conformación del equipo especial de la PNP que solicitó específicamente la fiscal superior Marita Barreto para que la apoyen en sus investigaciones que comprometen al gobierno de Pedro Castillo. Huerta dice que lo que se busca es “reforzar” y “preservar el principio de legalidad” de este grupo, pero si vemos cómo ha venido actuando este ministro desde que asumió el cargo, resulta evidente que su intención es otra.
La situación es esta: el Ejecutivo es consciente de que con el coronel PNP Harvey Colchado, que ha trabajado con la fiscal Barreto en casos sensibles desde hace más de diez años, no tienen la garantía de estar un paso adelante de las investigaciones. Lo que quieren saber es hacia dónde están apuntando las pesquisas, qué información es la que se está escudriñando, cuáles serán los próximos movimientos y, sobre todo, conocer quiénes más, así como Bruno Pacheco, se han acogido a la colaboración eficaz.
Se trata, en resumidas cuentas, de un tema de sobrevivencia y Colchado significa un obstáculo. Por ello, requieren colocar a un oficial que responda a la línea de mando de la PNP, que tiene a un comandante general (Luis Vera Llerena) bastante cercano al mandatario. Tanta es la desesperación que han dejado a un lado la sutileza y hoy abiertamente el ministro del Interior se reafirma en que el liderazgo del equipo especial debe de recaer en otra persona.
Hay que tener en cuenta lo siguiente: desde un inicio, este gobierno ha manifestado su interés en tener captada a la policía. Entre los beneficios que encontraron, está el de poseer información privilegiada para poner “a buen recaudo” a los suyos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con el general PNP Ángel Toledo Palomino, quien fue pasado al retiro en represalia por no haberle avisado a tiempo a la comandancia general que se iban a intervenir los locales de Perú Libre.
Pero lo que es más grave es que hay diez generales en actividad, según relató Pacheco a la fiscal Barreto y al equipo de Colchado, que han pagado US$20.000 en sobornos al círculo íntimo del presidente para alcanzar dicho grado. Una denuncia gravísima que no ha generado mayor indignación en el ministro. Tampoco, que hayan sido las escoltas del presidente (dos suboficiales de la policía) los que supuestamente canalizaron los cobros. La prioridad del titular del Interior parece ser otra: la de encubrir. Pues si hay una certeza en Palacio esa es que, si continúan avanzando las investigaciones, la presidencia de Castillo se irá acortando. Por eso, necesitan contenerlas y qué mejor que quebrando al equipo especial al sacar a Harvey Colchado.