"Ahora que viene CADE, donde uno de los temas más sensibles por discutir es cómo garantizar igualdad política en la relación entre el sector privado y público". (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
"Ahora que viene CADE, donde uno de los temas más sensibles por discutir es cómo garantizar igualdad política en la relación entre el sector privado y público". (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)
Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

Las cuestiones éticas vinculadas con la relación entre el sector privado y la política no se limitan al financiamiento de partidos políticos. Hay otros temas medulares, como la gestión de intereses (lobby formal), donde requerimos denodados esfuerzos para garantizar un nivel aceptable de igualdad ante la ley.

Ante todo, la gestión de intereses es opuesta al tráfico de influencias. Lo primero significa realizar comunicaciones con funcionarios con capacidad de decisión pública para influir en sus decisiones a partir de argumentos. El tráfico de influencias busca que el funcionario subordine el interés público a intereses personales económicos o proselitistas. En uno se intercambian argumentos, en el otro favores.

Luego, también es clave entender que gestión de intereses no solo incluye influir en un proyecto de norma o ley. También incluye cualquier tipo de decisión que tenga un impacto económico, social o político en los interesados. Por ejemplo, convencer a la entidad de sumarse a una iniciativa en favor de determinados objetivos de desarrollo sostenible.

De hecho, hoy en día uno es gestor de intereses por defecto, y ya no hay clases de gestores. Ya no funciona el antiguo registro que llevaba la Sunarp. Si uno busca para sí o para terceros influir en decisiones de funcionarios con capacidad de decisión pública, está realizando gestión de intereses. Sea que vaya a nombre de la junta de vecinos o de una empresa, y sea que a uno le paguen o no por las gestiones.

Dicho eso, hay dos temas del registro de visitas y registro de agendas oficiales (alta dirección) que deben mejorarse para evitar claroscuros. De un lado, a diferencia de lo que ocurre en Chile (ver: ), acá no se detalla adecuadamente el motivo de las reuniones, a fin de que terceros interesados puedan pedir reuniones con el funcionario para abordar la misma materia (igualdad ante la ley). Mientras en Chile se registra como motivo “Cooperación público-privada para enfrentar el comercio ilícito de cigarrillos”, lo cual permitiría que una ONG pida una reunión para oponerse a tal cooperación, acá se coloca “reunión de trabajo o reunión de coordinación”.

De otro lado, mientras algunas páginas web, como la del MTC, permiten acceder en una sola búsqueda a información de reuniones de varios meses y descargarla a un Excel, otras como las del MEF o Minem, solo permiten acceder a los registros día por día sin poder descargar los datos. Uno puede pedir por acceso a información pública acceder al Excel, pero la falta de inmediatez desvirtúa parte del objetivo de la transparencia.

Ahora que viene CADE, donde uno de los temas más sensibles por discutir es cómo garantizar igualdad política en la relación entre el sector privado y público, bien harían los asistentes en ir más allá del financiamiento de campañas y entrar al día a día de las relaciones con el Gobierno.