Un acuerdo por la impunidad, por Rodrigo Cruz

Tal vez la característica principal de la corrupción es su pacto secreto. Corrupto y corruptor se ponen de acuerdo sobre qué beneficio recibirá cada uno y la manera en la que el otro se lo va a retribuir. Pero para que esto funcione es indispensable que ninguno abra la boca. Así, corrupto y corruptor seguirán tranquilos con sus vidas, gozando de lo ilícitamente obtenido, sin preocuparse de que en algún momento sean descubiertos. Todo dependerá de qué tan fuerte sea el pacto.

Lo dicho es una explicación sencilla sobre cómo funciona un esquema corrupto. Se complejiza cuando hablamos de millones de dólares en sobornos de por medio, cartelización empresarial, financiamiento ilegal de partidos políticos, lobbies para impulsar leyes con nombre propio y una infinidad de ejemplos más. Pero la premisa sigue siendo la misma: por ninguna razón debe ser vulnerado ese código de silencio.

La ley de colaboración eficaz fue creada precisamente para romper ese pacto. Se le otorgan incentivos a una de las partes involucradas para que entregue información que permita desentrañar el acuerdo ilícito. Casos como la corrupción de Fujimori-Montesinos, César Álvarez, la Red Orellana, Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto no hubieran tenido la dimensión que hoy conocemos si una herramienta de esta naturaleza no hubiera estado vigente en el país.

Por eso, no nos debe extrañar que personas inescrupulosas le teman tanto a la aplicación de esta norma. Más aun si están siendo investigadas. El corrupto y el corruptor que se saben poderosos manifiestan su poder con la impunidad.

Desde hace un par de meses, congresistas que en público rivalizan con vehemencia han emprendido una cruzada para debilitar la ley de colaboración eficaz. El pasado 19 de enero, integrantes de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular aprobaron un dictamen en la Comisión de Justicia que, por ejemplo, otorga un plazo de ocho meses a la fiscalía para que cierre los acuerdos de colaboración, exige que estas declaraciones queden registradas de manera audiovisual y castiga con un máximo de seis años de cárcel a cualquier ciudadano que reproduzca los testimonios.

Conviene recordar cómo comenzó esto: el pasado 22 de diciembre, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) solicitó a la comisión que se priorice el proyecto de ley que plantea estas modificaciones. Contó con el respaldo de su colega de Fuerza Popular, Hernando Guerra García. Fue uno de esos momentos en que oposición y oficialismo se ponen de acuerdo. Y, para variar, no en algo que beneficie a la ciudadanía, sino a quienes están siendo investigados por integrar una presunta red criminal. Como, por ejemplo, sus líderes.