¿Cómo puedo contribuir a mejorar el país desde mi área de estudio?

Resulta claro que, en un régimen democrático como el que vivimos, la característica más valorada es el irrestricto respeto a los derechos de la persona humana, los mismos que están contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Cabe precisar que, conforme con esta, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad.

Como estudiante de derecho, estoy convencida de que es necesario proporcionar mayor atención y preponderancia a nuestra población, inculcándoles valores como la dignidad, la honradez y la justicia. De igual manera, es indispensable invocar a las instituciones públicas y, por lo tanto, a servidores y funcionarios a actuar conforme a un Estado de derecho, respetando las leyes y haciendo cumplir los mandatos constitucionales.

Teniendo en cuenta que algunos de los principales problemas que afectan a nuestro país en la actualidad son la delincuencia y la corrupción, como se evidenció en los resultados obtenidos mediante el módulo “Gobernabilidad, Democracia y Transparencia” de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho, 2023), en el que el 54,4% de la población entrevistada consideró a la corrupción como la principal preocupación, incrementando en 3,6 puntos porcentuales al compararlo con el mismo semestre del año anterior. Respecto a la delincuencia, esta fue percibida por el 30,2% de la población como otro de los puntos más alarmantes.

El derecho es indispensable para poder convivir en sociedad y, como futura abogada, sin lugar a duda, defiendo a capa y espada el cumplimiento de las leyes. Siendo así, invocaría a la población, mediante conferencias y/o difusión por las redes sociales y los medios de comunicación, a cumplir con el deber ciudadano que tenemos de respetar las leyes y de informarnos sobre las mismas.

Además, realizaría un plan que permita una transformación profunda del sistema de justicia, con iniciativas y participación de autoridades del Ejecutivo, los gobiernos regionales, las municipalidades y el Poder Legislativo, para combatir la delincuencia y la corrupción tan presentes en estos tiempos.