La delincuencia y sus siete vidas

El Gobierno ha emitido un decreto mediante el que modifica el artículo 189 del Código Penal e incrementa la pena por el robo de celulares, laptops y otros equipos de telecomunicaciones hasta por 30 años si el acto delictivo se comete usando un carro, ‘scooter’, moto o bicicleta con motor.

Sin embargo, la delincuencia en el país parece tener siete vidas. En el 2020, el INPE compartió un dato alarmante: la sobrepoblación penitenciaria asciende al 118%.

Luego de presentado este contexto, cabe cuestionarse: ¿la sobrepenalización es la solución al problema de inseguridad en el país o estamos frente a un paliativo? La experiencia nos indica que la segunda opción es la que más se acerca a la realidad. La percepción de inseguridad no ha disminuido y los reportes de violencia no han cesado a falta de una estadística concreta.

Y es que el aparato estatal tiene desde hace años un enfoque reactivo frente al delito, pero la esfera de lo preventivo y la reforma del sistema de justicia parecen ser invisibles para las autoridades. Respecto del primer punto, el enfoque preventivo debería tomar en cuenta un plan a mediano y largo plazo que sobrepase los cambios en los gobiernos centrales, locales y regionales, así como la formación de criminólogos profesionales a fin de evaluar y emitir recomendaciones para políticas públicas enmarcadas en evitar conductas criminales en todo sector social. Sobre lo segundo, imponer penas mayores quizá genere rédito político y el aplauso general, pero a la larga este tipo de medidas caerá en saco roto si el sistema judicial no logra caracterizarse por su efectividad.

Mientras tanto, el delincuente ingresará al penal, saldrá al cumplir la condena y solo será víctima del fracaso de la resocialización en las cárceles del país, siendo parte del círculo vicioso de la delincuencia y sus siete vidas.