Narda Pérez del Carpio

La labor del estudiante de derecho y de la facultad de leyes es, “sin duda, cumplir el nuevo reto de construir o reconstruir su identidad para dar respuesta a las necesidades planteadas tanto en el nivel social como institucional” (Rodríguez Espinar, 2012, p.22). Por lo que las personas, al optar por estudiar una carrera universitaria y, con mayor ahínco, la carrera de leyes, deben tener como principal objetivo el contribuir con su sociedad y concientizar a su entorno; de lo contrario, los textos que arduamente son estudiados día tras día durante el recorrer académico caerán en el vacío.

El Perú es una sociedad que ha atravesado un largo camino político con golpes abruptos que han generado un declive progresivo en la economía peruana debido a la inestabilidad política. Asimismo, la imagen internacional de nuestro país se ha visto afectada y ni qué decir de la estabilidad de las familias que se ha visto dañada principalmente en el aspecto social y económico debido a que a la fecha muchas aún no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Frente a todo lo antes señalado, y considerando que los ciudadanos tienen voz, ¿quién los está escuchando? La insatisfacción y el descontento de la población con la gestión pública se convierte en uno de los principales problemas en el desarrollo peruano, puesto que existe desconocimiento en cuanto a la eficiencia y eficacia de proyectos de desarrollo y es ahí donde nosotros como estudiantes de leyes debemos promover los Observatorios Universitarios que, además, se encuentran regulados en nuestra Constitución Política del Perú y normativa internacional (bajo la denominación de observatorios ciudadanos). Su principal objetivo es promover un desarrollo sano, permitiendo que la población pueda acceder a información verídica y confiable para que se pueda realizar un proceso de fiscalización a las actividades del Estado y particulares pudiendo ser supervisadas no solo por otras entidades del Estado (Contraloría y Sunat), sino que, además, se cuente con el apoyo de una organización estudiantil conformada por futuros profesionales de diversas áreas probos y competentes en el ámbito de leyes, ingenierías, salud, etc.

No olvidemos que este modo de participación estudiantil contribuye a promover, evaluar y vigilar la política pública. Este actuar constituye una acción viable para la población mediante la que se puede promover la concientización y participación estudiantil, generando nuevos entes de fiscalización e incrementando el acceso de la población a mejores servicios. Esto porque se administraría correctamente los proyectos de inversión pública y se aseguraría que estos cumplan con los parámetros establecidos en los concursos de licitaciones públicas para que la población cuente con un mayor acceso a los servicios básicos.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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