Cada día el acceso al empleo es más difícil, sobre todo para los grupos más vulnerables como las personas con discapacidad. En el 2021, solo 4 de cada 10 de ellos participaban del mercado laboral, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El Estado ha contrarrestado esta problemática con la Ley N°29973, relacionada con la cuota de empleo a personas con discapacidad en empresas públicas y privadas en un 5% y 3%, respectivamente. Sin embargo, el informe de Sunafil del 2022 indica que esta medida no es eficaz, dado que, si bien se ha logrado una concientización en temas de discapacidad, aún la brecha persiste. Aquello se evidencia en que solo 88 de las 6.573 empresas obligadas cumplen con la normativa.
Por el lado del Estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) revela que las personas con discapacidad contratadas en empresas públicas representan el 1,5% del total. En consecuencia, se necesita un trabajo conjunto entre el Estado y los empresarios con el objetivo de garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Siendo este entendido como la base del bienestar social y un medio para la realización de la persona según el artículo 22 de la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país.
Desde mi área de estudio, el derecho, una solución se encuentra en el fomento y una mayor visibilización de la Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) por medio del programa “Perú Responsable”. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la RSE es una acción de manera voluntaria por parte de las empresas con la finalidad de que sus acciones sean sostenibles. Esta busca que contribuyan con el desarrollo económico, social y ambiental, de manera que actúen con responsabilidad y ética dentro del marco de la ley. En ese sentido, la RSE se posiciona como un nuevo programa empresarial para la competencia dentro del mercado globalizado, uno en el que las exigencias de los consumidores han cambiado. Por ende, las empresas ya no solo se centran en vender o brindar servicios de calidad con el objetivo de aumentar sus utilidades, sino que se involucran en el desarrollo social de la comunidad.
Existe un vínculo entre la OIT y la RSE, debido a que esta iniciativa, como códigos de conducta y principios que la empresa asume para su ética profesional, nacen en su interior. El propósito es lograr el respeto a los trabajadores y la aplicación de las normas de trabajo, como la inserción laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, se generaría una conciencia empresarial y disminuirían los índices de discriminación laboral a este sector de la sociedad. También, se generan beneficios para la empresa: el valor agregado que adquiere, lo que sirve como ventaja competitiva y aumenta la aprobación dentro y fuera de esta.
El compromiso de las corporaciones es importante para lograr estos objetivos y que estas no prefieran pagar una multa, como ha sucedido en los últimos años. Además, se lograría generar una responsabilidad en la utilización de los eximentes regulados por el numeral 4 del artículo 56 del Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPCD). Una solución sería que la empresa garantice la capacitación a las personas con discapacidad para el puesto laboral que necesita cubrir, y el Estado debería otorgar incentivos monetarios considerando que nuestro país no asegura una educación de calidad a nivel básico y superior para las personas con discapacidad.
Finalmente, se deben encontrar nuevas alternativas para la inserción de personas con discapacidad en el entorno laboral. Es necesaria una normativa que atienda las necesidades de estas personas y las de la empresa considerando que son quienes asumen los riesgos laborales. Aún queda mucho por mejorar, ya que la RSE, mayormente, se cumple en las grandes empresas, por lo que el desafío está en las pequeñas y medianas empresas, cuyos índices de informalidad alcanzan el 68%.