¿Causa grave o infracción constitucional?

Usualmente la literalidad de la ley no es suficiente para saber cómo aplicarla, como en el caso de las “causas graves”. A falta de una ley o de un criterio interpretativo, el encargado de aplicar la norma es el responsable de otorgarle sentido. Sin embargo, el criterio debe ir de la mano con los principios constitucionales y las leyes preexistentes.

El 7 de setiembre se emitió una orden para remover a los miembros de la JNJ. La Comisión de Justicia consideró que la edad de Inés Tello, la rendición de cuentas “no oportuna” y el denominarse intérpretes de la Constitución configuran una causa grave. Pero ¿qué es realmente una causa grave?

Actualmente no existe un criterio del TC que defina cómo interpretar el sentido de una causa grave, que sí estaba regulada en la LO del suspendido Consejo Nacional de la Magistratura. Ante ello, el Congreso considera que una falta grave es “una conducta que no infringe la Constitución ni es considerada un delito, pero delimita tanto al funcionario que le impide continuar ejerciendo su función”.

Esta interpretación infringe dos principios constitucionales: el de legalidad y el de tipicidad. La práctica parlamentaria no puede sobreponerse a la ley y, sin una ley, no existen las causas graves. Por ello, el intento de remoción de la JNJ es inconstitucional. Sus miembros cometieron una negligencia respecto a la tardía rendición de cuentas al Congreso; esta puede no ser una causa grave, pero, al ser una inobservancia a las funciones de la JNJ establecidas en la Constitución, es una infracción a esta.

A diferencia de las causas graves, las infracciones constitucionales sí están reguladas y para su tratamiento corresponde un juicio político. Si se consideraba que la rendición de cuentas era perjudicial, se debieron seguir los procedimientos legales para evitar el daño y no castigar la conducta. Un juicio político permite a los miembros de la JNJ ejercer su derecho al debido proceso y evita sentar un precedente interpretativo que resulta más parecido a un abuso de poder.