Lo barato sale caro: el costo real del agua potable

El reconocimiento constitucional del derecho de acceso al agua potable en el 2017 no ha mermado la desigualdad en el acceso a la misma. Este es un problema que el país viene arrastrando hasta el día de hoy.

El pasado 14 de agosto, Héctor Piscoya, presidente del directorio de Sedapal, solicitó a los vecinos de Lima y Callao iniciar el ahorro de agua potable en sus viviendas debido al “estrés hídrico” por la falta de lluvias. Sin embargo, el racionamiento de agua, aunque alarmante, es la realidad que viven casi 8 millones de peruanos a diario.

El Perú es el país con la mayor disponibilidad de agua per cápita en la región y, a pesar del crecimiento económico sostenido experimentado en los últimos años, según el INEI, al 2020 alrededor del 22,6% de la población total accedía a fuentes de agua no potable, mientras que el 9,3% obtenía agua de camiones cisterna, pozos y otros medios.

Los números reflejan un estado de las cosas sumamente preocupante y exigen al gobierno central cerrar esta brecha de acceso a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento entre las zonas rurales y urbanas. Un intento de ello quedó evidenciado el pasado 25 de julio.

Luego de siete años de haber presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), los pobladores del distrito de Punchana, en la provincia de Maynas, en Loreto, recibieron una sentencia histórica. El TC, mediante la sentencia 322/2023, ordenó proporcionar agua potable y desagüe a asentamientos humanos en Punchana. Pero ¿es esta disposición realmente viable?

Tan solo en Lima, mientras que la tarifa promedio de agua de Sedapal apenas supera los S/3 por metro cúbico (tarifa cercana a la mitad de lo cobrado en ciudades de la región con los niveles de aridez y estrés hídrico notablemente menores a los de la capital), el costo del agua suministrada por camiones cisterna se dispara hasta los S/15 por metro cúbico, marcando una diferencia de casi cinco veces en el precio. Si los hogares que dependen de métodos alternativos para abastecerse de agua lograran acceder a la red pública, podrían disfrutar de un alivio económico notable, ahorrando en promedio alrededor de S/724 al año.

En definitiva, la realidad pone de manifiesto cómo el sistema de tarifas de bajo costo ha dado lugar a un sistema de suministro de agua ineficiente y regresivo, impactando de manera desproporcionada en aquellos hogares de menores recursos. En este escenario, resulta imperativo explorar vías de solución y una de ellas se encuentra en la reevaluación de las tarifas.

El núcleo de esta búsqueda reside en la necesidad de que las tarifas reflejen fielmente el verdadero costo social de ofrecer el servicio de agua. Ignorar esta premisa solo prolongará la persistencia de desafíos como la limitada cobertura, la interrupción de servicios, una infraestructura deficitaria, el uso ineficiente del recurso y la continua amenaza de crisis hídricas en situaciones de emergencia natural. Ante tal panorama, es evidente que un cambio en la estructura tarifaria es esencial para construir un sistema más justo y sostenible de suministro de agua.