Madurez constitucional

Hace aproximadamente 30 años, el Congreso promulgó la Constitución Política del Perú de 1993. Efectivamente, 30 años de solidez jurídica constitucional, uno de los períodos más largos de duración de una Constitución en la historia de nuestro país. Debe el lector tener en mente una cuestión previa: no hay reglamento, ley o Constitución que pueda mejorar de facto la situación política, económica y social de un país. No se puede pretender que un texto jurídico mejore por sí mismo las condiciones de vida de las personas o el desarrollo de una nación. Se trata, en realidad, de la necesidad de una óptima gestión de quienes son parte del ejercicio del poder público. No son los artículos, regímenes o modelos de organización del Estado los que deciden el norte del Perú; se trata de las personas democráticamente elegidas quienes tienen el deber de dirigir su rumbo.

Ello no quiere decir que la Constitución no sea relevante para el bienestar social de un país. Este cuerpo jurídico contiene las normas y principios que rigen las relaciones del Estado y la sociedad en general, con carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento. Además, contiene normas específicas de la organización y las atribuciones del Estado para el ejercicio del poder público.

No obstante, el hecho de mantener su vigencia por tres décadas no significa que el país se encuentre inmerso en la concordia. Los últimos siete años han representado una crisis democrática que dio lugar, incluso, al cuestionamiento o a la premura por promulgar una Constitución que “sí manifieste la voluntad popular”, obviando que la actual fue aprobada mediante referéndum. En realidad, estas dificultades vienen a partir de la inoperante gestión del Estado y no de la Constitución. De hecho, es la Constitución la fuente de la seguridad para la inversión privada y extranjera. Cuenta con una serie de derechos de los ciudadanos y garantías jurídicas para la protección de esos derechos, sin mencionar los tratados internacionales a los que nos encontramos suscritos, en ejercicio de nuestra soberanía.

Lamentablemente, el país se ha quedado con el texto constitucional y su literalidad, mas no ha desarrollado ni pretende llegar al grado de madurez constitucional que la sociedad, en estos momentos, requiere de sus autoridades. El trigésimo aniversario de la Constitución no debería significar la aplicación de una dosis de desprestigio a nuestro texto supremo. Más bien, debería llevarnos a cuestionamientos y respuestas. ¿Es la Constitución la verdadera responsable de nuestras crisis?