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El presidente Sagasti lo ha dicho con claridad: existen “intereses particulares que están presionando en direcciones diferentes o distintas a las que el Gobierno desea plantear”. Le faltó añadir, sin embargo, que están teniendo éxito. Porque en los dos escenarios en los que el temple de la actual administración ha estado en estos días a prueba, la agenda que se ha impuesto no ha sido precisamente la suya.
Nos referimos, desde luego, a los cambios en la estructura de mando de la PNP que tenían como origen y soporte la designación de Rubén Vargas como ministro del Interior, y a la toma de carreteras como mecanismo para forzar la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Como se sabe, en lo que concierne al primer asunto, el Gobierno terminó “aceptando” este miércoles la renuncia de Vargas al cargo. Y en lo que toca a lo segundo, cinco días han transcurrido sin que las personas secuestradas por los manifestantes en distintos puntos de la Panamericana hayan visto reacción alguna de parte del Ejecutivo para acabar con ese pisoteo de sus derechos.
–Anda yendo tú, Violetita…–
En una entrevista concedida el domingo pasado a las conductoras de los más importantes programas periodísticos de la señal abierta, el presidente Sagasti afirmó que, ante cualquier intento de desestabilización de su gestión, él tendría la determinación de parar las cosas “en seco”. “A mí no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo”, sentenció produciendo un cierto alboroto en la sala. Pero la verdad es que desde entonces los sismógrafos políticos han registrado sacudones de cuidado en la cumbre del poder.
La destitución de 18 generales de la policía para colocar en la comandancia general de esa institución al general César Cervantes fue, evidentemente, una medida que quería ser audaz y mostrar autoridad en un sector pleno de cuestionamientos que, a la larga, ha terminado siempre imponiéndoles sus reglas de juego a los distintos gobiernos que han intentado reformarlo. Pero por eso mismo, no podía ser acometida sin tener, por un lado, la seguridad de que era legal; y por el otro, la firme decisión de sostenerla hasta el final. Las demoras en oficializar los cambios anunciados, sin embargo, dejaron entrever las dudas que existían en el Ejecutivo sobre lo primero, y la entrega de la cabeza de Vargas a los sectores que desde el Congreso y la propia PNP exigían su remoción fue el inicio de una capitulación que todavía no termina.
Para mayor escarnio de los rendidos, tres días antes, ante una pregunta sobre la posibilidad de que el titular del Interior renunciase por las razones ya señaladas, el jefe de Estado había aseverado: “Eso está descartado. No tenemos tiempo para andar con experimentos. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidente del Consejo de Ministros y toda mi confianza”. Qué roche.
Y lo peor de todo es que, producida la consumación de lo que supuestamente estaba descartado, el mandatario no salió a darle explicaciones a nadie y mandó a la señora Bermúdez al Parlamento, a tragar vergüenza ante quienes los habían doblegado.
Queda por ver, por supuesto, si no le están reservando a Cervantes un espaldarazo semejante al que le dieron a Vargas, y si la iniciativa de introducir gerentes públicos en la gestión de los sistemas administrativos y presupuestales de la Policía sobrevive.
Los adivinos, nos tememos, tienen esta vez la chamba fácil para sus predicciones de fin de año.
La primavera de bloqueos que se ha desatado esta semana en el sistema vial del país, por otra parte, no es producto de la casualidad. De alguna manera, deriva de lo anterior, pues tiene que ver con la percepción de parte de aquellos a los que el presidente considera desestabilizadores de dos cosas fundamentales: el corto circuito en la relación entre Palacio y la PNP, y la debilidad que ocultan las bravatas presidenciales.
–Primicia calentita–
Quienes han tomado las carreteras para chantajear al Gobierno a fin de que se tire abajo una ley que está de moda denigrar sin conocer sabían que este no iba a mover un dedo para restablecer el orden. Le tomó cuatro días al presidente Sagasti salir a declarar (por escrito): “Bloquear carreteras no solo es inconstitucional e ilegítimo, porque afecta diversos derechos ciudadanos; también es un delito que el Estado no puede aceptar”. Primicia calentita, chocherita…
Ya, pues, don Francisco, eso lo sabemos todos; el asunto es qué hace la autoridad cuando el delito se presenta. Y al momento de escribir estas líneas, 15 horas después de la tardía enunciación de lo obvio, todavía la autoridad no ha hecho nada.
Nadie dice que la tarea sea fácil o la responsabilidad implícita, poca cosa. Pero eso hay que pensarlo antes de postularse a un cargo de elección popular o aceptar honores que traen consigo compromisos así de delicados. Aunque de primera impresión lo parezca, “ostentar” y “ejercer el poder” no son expresiones equivalentes.
Por desesperada que luzca la situación, sin embargo, no todo está perdido. El nuevo mandatario, por lo pronto, ha percibido acertadamente que algo está temblando. Ahora solo le falta descubrir qué.
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