Luego de celebrar el matrimonio de un familiar en La Victoria, Ricardo Chiarella pidió que un taxi de inDrive lo recoja en la quinta cuadra del jirón Canta con destino a San Borja. Eran las 11:15 p.m. del 4 de abril. El chofer Julio Walson aceptó su solicitud. Pasaron diez minutos y el Nissan negro de placa F2N-449 que manejaba Walson no aparecía.
“Desde la aplicación me envió un mensaje para decir que ya estaba en el punto de recojo. Pero en el mapa vi que se encontraba en la avenida Grau. Le solicité que retroceda hasta el jirón Canta. Entonces me mentó la madre”, narra Ricardo. De inmediato, canceló el viaje y pidió otra unidad. Mientras esperaba, Walson le llamó: “Te voy a matar”, dijo.
Walson continuó llamando ininterrumpidamente a Ricardo. Insinuó que el chofer que llevaba a Ricardo a casa era “su marido”. Minutos después, a las 00:23 del 5 abril, Ricardo bloqueó el número. Entonces, Walson empezó a enviarle mensajes y a llamarlo por WhatsApp. Ricardo también lo bloqueo de esta red social.
“Me parece completamente anormal que un chofer de servicio de taxi no solo sea agresivo, sino que acose y que se comporte de esta manera sin ninguna justificación. No entiendo cómo el sistema de verificación de inDrive puede ser tan vulnerable como para permitir que una persona así trabaje en la compañía”, subraya Ricardo.
Ricardo escribió al correo de soporte de inDrive denunciado detalladamente el acoso que sufrió por parte de Walson. La empresa le solicitó “Nombre completo, número de teléfono con lada (sic) incluida y ciudad”. Debido a la falta de claridad de la solicitud, Ricardo decidió acudir a la comisaría el 5 de abril para presentar una denuncia de acoso.
Previamente, ingresó a la plataforma de consulta vehicular de Sunarp. Para su sorpresa, Walson no figura como propietario del vehículo: El coche está a nombre de José Carrasco e Isabel Falcón. “El carro tiene una requisitoria del 2016″, afirma Ricardo.
Como informó El Comercio anteriormente, durante el proceso de inscripción como chofer de inDrive, la aplicación no solicita a los conductores presentar la tarjeta de propiedad del vehículo que manejarán.
Inacción de la Fiscalía
Walson tiene acceso al número de teléfono de Ricardo, su imagen de WhatsApp en la que aparece con su familia y la dirección hacia donde se dirigía. Sospechó que podía ser un delincuente debido a su reacción violenta. En consecuencia, Ricardo se presentó a la comisaría de San Borja el 5 de abril para denunciar a Walson por acoso. Luego de contar todo lo que le sucedió, le indicaron que debía acudir a la sede de la Fiscalía del distrito.
“En la Fiscalía me pidieron todas las capturas de pantalla y los datos del taxista, incluida su dirección para entregarle la denuncia a domicilio. Respondí que no tenía forma de saber ese dato, pero sí sabía la identidad de los propietarios. Personal de la Fiscalía me indicó que también necesitaba la dirección de la empresa para que reciba la denuncia a nombre del taxista”, narra Ricardo.
Confundido por la falta de apoyo que demostraban los funcionarios del Ministerio Público, Ricardo preguntó cómo podía obtener la dirección de la empresa, del taxista o los propietarios del vehículo. Le respondieron que debía ir a la Reniec y pedir el Certificado de Inscripción o C4.
“Pregunté entonces si yo tenía que dar toda la información sobre la identidad de la empresa y el chofer, y averiguar dónde vive el conductor o los propietarios del vehículo para que sean notificados. Me respondieron que esa era la única forma de realizar la denuncia respectiva”, cuenta Ricardo indignado, quien no volvió a pedir apoyo a la Fiscalía.
Por otra parte, el 8 de abril Ricardo pidió a inDrive, por correo, su dirección fiscal en el Perú. La empresa respondió que necesitaban una carta de colaboración para entregarle información a partir de una denuncia realizada ante la Fiscalía. Ricardo debía gestionar ante la institución un documento con información de su cuenta registrada, datos del viaje, sello y firma del Gobierno, entre otros.
Una vez más, Ricardo sintió que le daban la responsabilidad de recolectar toda la información.
Sanción requiere de coordinación internacional entre fiscales
Roberto Noriega, abogado penalista del estudio Linares, explica que la Fiscalía es la institución encargada de realizar todos los pasos necesarios para identificar si se cometió o no un delito: “Se encarga de investigar una denuncia, quién cometió la supuesta falta, en qué circunstancias y decide si se trata de un delito cometido. El denunciante puede coadyuvar, pero no está encargado de hacer toda la investigación”.
En consecuencia, el abogado sostiene que la Fiscalía actuó de manera incorrecta con Ricardo: “El fiscal debía citar al propietario del carro para que explique a quién alquiló su vehículo el 4 de abril. El ente encargado de perseguir el delito es la Fiscalía y debe agotar todos los medios para encontrar la dirección del taxista, la dirección de la empresa y cualquier dato que necesite”.
En entrevista con El Comercio, Olga Escudero, directora de Fiscalización e Instrucción del ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), señaló que inDrive no tiene una razón social ni un domicilio fiscal en Perú. Esto dificulta conocer quién o quiénes están encargados del tratamiento de datos de los peruanos que utilizan inDrive. Además, la situación entorpece una sanción a la empresa, pues no se conoce un responsable ni existe un lugar en el país al que se pueda notificar.
En su página web, inDrive menciona que sus oficina se ubican en California, Estados Unidos. En ese sentido, Noriega explica que a través de un oficio vía cooperación internacional un fiscal peruano puede pedir a un fiscal estadounidense que notifique a la empresa para que brinde una declaración acerca de, por ejemplo, con qué finalidad almacena la información de los usuarios peruanos. El abogado sostiene que estas solicitudes son excepcionales y deben estar debidamente justificadas.
Carlos Zúñiga, presidente de ‘ELEGIR’, una asociación de defensa del consumidor, opina que el acoso que sufrió Ricardo demuestra que Walson hizo un mal manejo de sus datos personales, que están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). Zúñiga considera que inDrive también tiene responsabilidad en el caso.
“Si una aplicación para celulares ofrece un servicio a los peruanos, pero no se hace responsable de las consecuencias de las prestaciones, Indecopi o el ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) podrían impedir que opere en el país hasta que lo cumpla. Esto implica someter su política de datos personales de acuerdo al escrutinio legal peruano”, subraya Zúñiga. Cabe recordar que existe un antecedente de retiro de un aplicativo por parte del MTC: en el 2019, la institución bloqueó ‘Picap’, que promovía el servicio ilegal de taxi en motocicleta.
El Minjus informó a este Diario que inDrive no está inscrita en el registro de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la institución estatal. Esta omisión conllevaría a una multa de entre 0.5 a 5 UIT, pena que no podrá efectuarse sin una solicitud fiscal de colaboración internacional.
Descargo de inDrive
A través de un comunicado, inDrive informó que bloqueó de por vida al conductor que insultó y acosó a Ricardo Chiarella. Por otro lado, reiteraron que necesitan una carta de colaboración entregada por la Fiscalía para entregarle mayor información.