Los ladridos no cesaban. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que eran acompañados por funcionarios de la Municipalidad de Magdalena del Mar, llamaban a la puerta de la casa 475 en la calle Thomas Ramsey. Habían llegado luego de que en diferentes redes sociales se denunciara un caso de maltrato animal, mostrando a la luz lo que aparentaba ser un criadero informal. Las imágenes evidencian cómo al menos tres perros eran encerrados en una jaula de mínimas proporciones y dejados a la intemperie en el techo de aquella casa.
No era la primera vez que se denunciaba la situación. La municipalidad había recibido constantes reclamos de los hechos, principalmente por los ladridos excesivos en la la casa de Joseph Anthony Ramirez Romero. Sin embargo, no fue hasta que los trágicos videos circularon por las redes que se decidió intervenir. Fue así como, al día siguiente de la publicación de las imágenes, en la casa de Ramírez Romero, esperaron policías y fiscalizadores municipales. La puerta se abrió y se les invitó a pasar, acompañándolos hasta el techo. En el lugar, los perros andaban libres y no se constataron las circunstancias de violencia animal vistas en las redes, según indicó Yuri Ferrel, funcionario de la Gerencia de Comunicaciones de la Municipalidad.
En esa ocasión, Ramírez recibió únicamente una multa por tener a sus mascotas a la intemperie, infracción que resulta en el pago de 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). De esta manera, se les sancionó con S/2,300.00 y con la condición que a los cinco días se volvería a realizar una visita. Llegada la fecha, miembros de la Sub Gerencia de Fiscalización, Control Sanitario y Sanciones de la Municipalidad de Magdalena del Mar visitaron la casa, pero esta vez no fueron bienvenidos. Sin embargo, los ladridos llegaban a tales excesos que se le volvió a multar, esta vez por el bullicio, con el 100% de una UIT. En total, recibió S/ 6,900.00 de multa.
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Cuando este Diario buscó cuestionar sobre los videos que evidencian el maltrato animal que se ejercía en el techo de la vivienda, uno de sus habitantes reveló que habían optado por iniciar un proceso penal por difamación a la vecina que reportó las deplorables condiciones en las que vivían sus mascotas. “Vinieron de fiscalización, verificaron y vieron que no existía nada de lo que se veía en esas imágenes. Nos han calumniado”, dijo el hombre, asomado por una ventana. Sin embargo, El Comercio pudo comprobar que su techado corresponde al de las imágenes viralizadas.
Como explica Ferrel, la fiscalización no pudo acusar a los miembros del hogar de maltrato animal, ya que, al momento de la diligencia, no se evidenció el abuso. A pesar de las evidencias gráficas, los maltratadores quedaron impune. La única forma que proceda una investigación por esta causa, es a través de una denuncia ante la PNP o el Ministerio Público. Cabe precisar que el Artículo 206-a del Código Penal, estipula que “quien comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.
En el distrito de Magdalena del Mar, en caso se compruebe y se fiscalice el abuso animal, “más allá de las multas, se saca a las mascotas de ese ambiente y se les lleva a otro lado para que se pongan en adopción”, detalla Ferrel. Sin embargo, la Municipalidad del distrito no cuenta con un albergue propio.
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Urge mayor fiscalización
Tras ver los videos y las imágenes que circularon en redes, Pancho Cavero, médico veterinario y activista por los derechos de los animales, menciona que “parece tratarse de un criadero clandestino”. “Tenerlos encerrados así afecta la salud de la mascota. Son animales que están con parásitos, se contagian entre ellos, no hay higiene. Están expuestos a miles de bacterias”, añade, mostrando indignación al caso.
Al visualizar la imagen de uno de los perros que habitan en la casa de Joseph Ramírez, el experto reconoció que habían mutilado al animal al cortarle las orejas y el rabo, así como que era un ejemplar producto de un cruce continuo entre perros de la misma familia. “Ellos nacen para sufrir”, recalca al notar las deformidades evidentes del can.
Cavero también explicó que el abuso animal es un fenómeno relacionado con la agresión doméstica y social. “El maltrato animal es un indicador de la agresión entre personas”, detalla Cavero, quien también menciona que, al haber más animales en las calles, hay mayores índices de agravio y, por ende, elevados indicios de violencia social. “Si queremos disminuir la violencia en general, hay que empezar por erradicar el maltrato animal”, señala.
Sin embargo, el veterinario indica que el Perú está retrasado en el desarrollo de políticas públicas que busquen proteger a los animales, fiscalizando el abuso animal y generando consciencia a nivel nacional. “En el Perú se está haciendo bastante, pero faltan políticas de Estado y cambiar la prioridad de las cosas. Nos estamos demorando mucho tiempo”, comenta.
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Enrique Guevara, representante legal de la ONG de rescate animal Adogtados, revela que son “muy pocas las veces que una denuncia por maltrato animal progresa”. “Recientemente, se han publicado normativas de protección animal, sin embargo, la aplicación de esta normativa es muy lejana. Las normas parecen estar de adorno”, agrega. Además, Guevara explica que el “apoyo a los albergues es casi inexistente” desde el nivel gubernamental, y es la sociedad civil la que juega el rol principal. “Casi el 90% de los albergues subsisten por recursos propios y de entidades privadas”, señala.
Sobre la crianza informal, Guevara explica que esta nace de la gran demanda por los perros de raza. “Estos animales son explotados porque los mantienen teniendo crías continuamente”, detalla. Además, comenta que, una vez que las crías o los padres empiezan a presentar enfermedades o deformaciones, son abandonados en la calle. “Es por eso que se encuentran perros de raza, pero destruidos”, finaliza.